La Xunta obligará a los ayuntamientos a reservar un 40% de vivienda protegida

Una ley de medidas urgentes que ultima el Gobierno gallego duplica la cuota en vigor

Todos los ayuntamientos gallegos de más de 25.000 habitantes deberán reservar al menos el 40% de su edificabilidad residencial a viviendas de protección social. Así figura en una ley de medidas urgentes en materia de vivienda que ultiman las consellerías de Política Territorial y Vivenda, y que el Gobierno gallego remitirá al Parlamento antes del verano. La Xunta pretende así hacer frente al encarecimiento del suelo y a la escasez de pisos protegidos. La medida supone duplicar la reserva en vigor, aunque en los ayuntamientos de menor tamaño el porcentaje se limitará al 30%.

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Las consellerías de Política Territorial y Vivenda trabajan desde hace semanas en el borrador del anteproyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que tiene como principal objetivo promover los pisos de protección oficial. La norma, que se tramitará en el Parlamento de Galicia por la vía de urgencia, supone en la práctica una modificación de la ley gallega del suelo de 2002, que establece un mínimo del 20% de reserva para viviendas protegidas.

La Consellería de Vivenda ha constatado una caída en la promoción de este tipo de pisos, motivo por el que la conselleira, Teresa Táboas, instó a la de Política Territorial, María José Caride, a promover la reforma de la ley del suelo en vigor. La norma será de observancia obligatoria para todos los planes generales de ordenación municipal que se aprueben a partir de su entrada en vigor. Es por ello por lo que el Gobierno gallego ha decidido impulsar el proyecto por la vía de urgencia, al igual que ha hecho con la ley de protección del litoral que prohíbe cautelarmente el desarrollo de suelo urbanizable a menos de 500 metros del mar, que tramita el Parlamento de Galicia. La nueva ley establecerá mecanismos para aplicar los mínimos en los ayuntamientos con su planeamiento general aprobado o en la fase final de su tramitación.

Las reservas obligatorias superan las que prevé el Gobierno central en la Ley de Suelo aprobada por el Consejo de Ministros en mayo de 2006, y que se tramita en la actualidad en las Cortes. De acuerdo con el proyecto aprobado por el Ejecutivo central, los ayuntamientos deberán reservar un 25% de la edificabilidad residencial a viviendas de protección oficial, aunque una enmienda en el Congreso de los Diputados aumentó el porcentaje al 30%. Esa será la reserva obligatoria para los ayuntamientos de menor tamaño de Galicia, en los que la Consellería de Vivenda ha detectado una demanda inferior de pisos a precio tasado. La Xunta estudia reducir a 20.000 habitantes la población a partir de la cual el porcentaje aplicado será del 40%.

Madrid y País Vasco

Galicia se encuentra en la actualidad entre las cinco comunidades autónomas donde la reserva obligatoria es más baja. Se trata de las únicas autonomías en las que el porcentaje para vivienda protegida está por debajo del 25% que preveía inicialmente el proyecto de ley del Gobierno central. En la comunidad de Madrid, los ayuntamientos están obligados a retener la mitad del suelo. El País Vasco va más lejos, tras aprobar en 2006 una reforma de su ley del suelo que obliga a los promotores a destinar a protección oficial un 75% de las nuevas viviendas en suelo urbanizable y un 40% del suelo urbano.

A partir de mayo, cuando se espera que entre en vigor la ley de medidas urgentes de protección del litoral, la Consellería de Vivenda podrá decretar la declaración de interés supramunicipal para ejecutar promociones de viviendas de protección autonómica donde lo estime necesario, sin necesidad de modificar los planes generales municipales ni de contar con el apoyo del ayuntamiento afectado. Como en el caso de la ley que ahora ultima el Gobierno gallego, los anteproyectos legislativos los propone al Consello de la Xunta Política Territorial, que tiene las competencias en materia de ordenación y urbanismo.

Para impulsar viviendas protegidas mediante planes sectoriales será fundamental el registro único de demandantes que elabora la Consellería de Vivenda, cuyos primeros datos se conocerán en junio. Con ese registro, la Xunta espera tener la primera estimación real de la demanda de este tipo de piso en Galicia, con información del tipo de inmueble que requiere cada familia o individuo, así como el lugar en el que le interesa adquirir el piso a precio tasado.

Las nuevas reservas obligatorias se aplicarán en todos los suelos urbanizables, de forma que los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en los planes generales deberán atenerse a su cumplimiento. La ley incluirá en su articulado medidas para obligar a los promotores inmobiliarios a acompasar el desarrollo de las viviendas libres con las oficiales, e introducirá garantías para que se cumpla la obligatoriedad de la construcción de los pisos de protección. Con la ley en vigor, muchos promotores pueden retrasar o incluso dejar de construir las viviendas protegidas para que no incidan a la baja sobre los precios de las libres.

Las conselleiras se ponen de acuerdo tras la polémica de noviembre

Tras la tempestad llega la calma, y el clima de desencuentro entre las titulares de Vivenda y de Política Territorial -la primera nacionalista y la segunda del PSOE- a cuenta de las reservas para vivienda protegida, ha derivado en la colaboración entre ambas conselleiras. Más que tempestad, lo que Teresa Táboas y María José Caride evidenciaron en noviembre pasado fue descoordinación, cuando la primera abogó por elevar al 40% la reserva de vivienda a precio tasado, y la segunda se apresuró a recordar que no es esa una decisión que "se deba tomar unilateralmente" por ningún departamento. De alguna manera, el tiempo le ha dado la razón a ambas, porque Táboas ha logrado que el Gobierno gallego promueva los nuevos porcentajes de reserva, pero en colaboración con Caride, de cuyo departamento depende la reforma de la Ley del Suelo en vigor, aprobada en 2002.

Para promover la ley de medidas urgentes, un equipo de altos cargos de los dos departamentos autonómicos se ha puesto a trabajar en una comisión que tiene prácticamente cerrado el borrador del anteproyecto. El texto será repartido en los próximos días a todas las consellerías para que estudien posibles afecciones, y después se consultará con agentes sociales implicados para que realicen sus aportaciones. El anteproyecto se someterá también a la consideración del Consello Económico e Social, que tendrá un plazo de un mes para informarlo. Será una vez que se cumpla ese trámite cuando se apruebe en el Consello de la Xunta y se lleve al Parlamento, para entrar en vigor antes de que finalice 2007.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 14 de abril de 2007.