Sindicatos y Universidad conquistan la democracia

Cuando el dictador Franco expira a las cuatro y veinte de la madrugada del día 20 de noviembre de 1975, después de casi 40 años de régimen totalitario, el país que abandona es muy diferente de aquel que conquistara después de una Guerra Civil de tres años. Nadie discute a estas alturas que la España de mediados de los años setenta no era la misma que la de 1940, como tampoco se puede poner en duda que, si bien a partir de 1960 nuestro país conoció un fuerte crecimiento económico, durante el periodo de 20 años comprendido entre 1940 y 1960, la sociedad española sufrió el retroceso político, económico, social y cultural más severo de toda su historia moderna y contemporánea. Hay quien ha pretendido, con apoyo argumental en ese indiscutible crecimiento posterior a 1960, legitimar el régimen surgido del golpe militar del 18 de julio de 1936, como si la dictadura hubiese sido una suerte de sistema nacido con la finalidad de desarrollar o modernizar las anticuadas estructuras del país. Este argumento ha servido a otros autores, algunos incluso procedentes del campo progresista, para sostener que gracias al fuerte "desarrollo" de aquellos años, posteriores al Plan de Estabilización de 1959, en España se creó una clase media que hizo posible, a la postre, el advenimiento de la democracia sin violencia. Es decir, como si lo acontecido en el tardofranquismo no hubiese sido la historia de la degeneración y el desmembramiento de una dictadura como consecuencia de la confluencia de múltiples presiones sociales, sino la preparación de la sociedad española, liderada por un sector de las propias élites del régimen, para una democracia al estilo de las europeas occidentales. En una palabra, según esa corriente de pensamiento, a la muerte del dictador, estaría España en condiciones de acceder a la democracia gracias a la obra de la propia dictadura, que habría desarrollado el país hasta el punto de homologarlo a las naciones que entonces constituían la Comunidad Económica Europea (CEE). El estudio comparado de la situación en que se encontraba España a la muerte del caudillo en relación con los países que componían la CEE no permite sostener tal tesis. (...)

Eran muchas las ganas de ajustar cuentas con todo lo que oliese a libertad o a amnistía en los estertores de la dictadura, pero la pintada obrera era indeleble

Se ha afirmado con acierto que, a pesar del tirón al alza de los salarios reales entre 1960 y 1974, "la desigualdad social en España fue el precio pagado por el desarrollismo"

Las movilizaciones en Madrid desgastaron muy seriamente la credibilidad de los intentos continuistas de Arias y colocaron en primer plano la necesidad de un cambio democrático

"¿Vienes a rematarme?", fueron las primeras palabras de un obrero herido en Vitoria cuando el ministro Fraga Iribarne acudió a visitarle al hospital

Acortando las diferencias

Creemos que es necesario realizar este ejercicio comparativo, aunque no podamos abordarlo de manera exhaustiva, porque no pueden dejarnos satisfechos meras cifras cuantitativas y absolutas sobre algunos aspectos de la realidad. No es suficiente con constatar que durante los años comprendidos entre 1961 y 1974 el producto interior bruto (PIB) español creció de manera sostenida, incluso por encima de la media comunitaria, o que la renta y el consumo de los españoles mejoraron en comparación a los años anteriores para, apoyados en esa evidencia, afirmar que España se modernizó y alcanzó grados de bienestar y civilización equiparables a los de los países comunitarios. Esa tesis no se sostiene, entre otras razones, porque lo que siempre se ha omitido o no se ha querido investigar es que mientras España crecía de manera bastante desordenada y a partir de umbrales de producción y renta muy bajos, los países avanzados de Europa se desarrollaban de manera mucho más armoniosa, levantaban sólidos Estados de bienestar y dedicaban, como luego veremos, recursos muy superiores a los españoles a fortalecer sectores estratégicos de su economía, elementos o factores estratégicos que, al producir un efecto acumulativo a lo largo del tiempo, nos alejaban cada vez más de esas sociedades, aunque en términos de estricto crecimiento económico fuésemos acortando trecho hasta situarnos, en términos relativos, a la misma distancia que en la época de la Segunda República. (...)

Con Franco todavía en vida, apareció en el expreso Costa Brava con destino a Madrid, a todo lo largo del primer coche y escrito con pintura amarillo fosforito, un letrero que decía: "Amnistía. Comisiones Obreras. Solidaridad con AEG de Tarrasa". Desde la estación de Lérida se avisó a la de Zaragoza, pero, según el propio testimonio policial, "la consistencia de la pintura empleada hizo inútiles todos los esfuerzos para borrar esas frases". Eran muchas las ganas de ajustar cuentas con todo lo que oliese a libertad o a amnistía en los estertores de la dictadura, pero la pintada obrera era indeleble. Y es que fueron muchos los obreros que asumieron riesgos para el advenimiento de la democracia, aunque no siempre se haya reconocido en la historiografía el papel de las movilizaciones sociales en el proceso de transición, singularmente la contribución política, y no sólo laboral, de los obreros organizados, capaces de encauzar sus problemas dentro de unas coordenadas de transición pacífica y, a partir de ellas, ganar la democracia.

Mercado de trabajo injusto

A pesar de todas las afirmaciones en torno al "productor" como eje básico de la ordenación económica de la patria, la década de los sesenta se caracterizó por un mercado de trabajo injusto para unos trabajadores cuyo poder de negociación estaba severamente recortado. De ahí la escasa participación del trabajo en la renta nacional, al tiempo que ésta se triplicaba entre 1960 y 1975, como se ha visto en el capítulo anterior. Se ha afirmado con acierto que, a pesar del tirón al alza de los salarios reales entre 1960 y 1974, "la desigualdad social en España fue el precio pagado por el desarrollismo". Ello no quita para marcar una importante correlación: las semillas de disidencia comienzan a germinar a medida que despega también el bienestar económico. Fue entonces cuando un nuevo lenguaje llegó a la opinión pública, una nueva "fraseología", en palabras de los gobernadores civiles más rancios y autoritarios. Se hablaba más que nunca de inflación, de rentas per cápita, de divisas, de producto interior bruto o de balanza de pagos.

En el crecimiento económico hispano de esos años ha de subrayarse la importancia de factores ajenos a la responsabilidad gubernamental. En particular, el boom europeo de la década de los sesenta y comienzos de los setenta resultó decisivo para el turismo, la emigración de trabajadores, las exportaciones españolas y las inversiones de capital extranjero. Como ha anotado J. P. Fusi, "el desarrollo se produjo más a pesar de la política gubernamental que por ella", y la espectacularidad del crecimiento difícilmente podía ocultar los desequilibrios, insuficiencias y desajustes que lo limitaron y que, a partir de 1973, amenazarían con estrangularlo. Los lastres del modelo de crecimiento quedaron aireados por la crisis energética de ese año. (...)

Conflictos laborales

El Ministerio de Trabajo pasó a dirimir los conflictos laborales si fracasaba la negociación entre empresarios y trabajadores. Pero, a los efectos que ahora nos interesan, esta Ley de Convenios Colectivos fue importante porque el propio sistema de relaciones industriales creado por el régimen acentuó, naturalmente sin pretenderlo, los conflictos laborales, sobre todo a medida que iba fracasando el llamado "sindicalismo de conciliación" y Comisiones Obreras desarrollaba su dinámica de entrismo e infiltración en el vertical, intentando sacar partido de las posibilidades que ofrecía el sistema en aras de arrancar ventajas laborales. Cuando no se llegaba a un acuerdo, los obreros presionaban con la huelga (165, en 1963; 1.595, en 1970; 811, en 1973, nada que ver, en cualquier caso, con los más de 17.000 del primer trimestre de 1976), el franquismo los reprimía y lo laboral se acababa convirtiendo en un asunto "politizado" de orden público. En particular, las vísperas de la negociación de convenios fueron los momentos elegidos para desencadenar huelgas y acciones de protesta por parte de un movimiento que se movía todavía, generalmente, en orden disperso. (...)

Nada menos que 350.000 trabajadores se pusieron en huelga en Madrid el 14 de enero de 1976, tras casi dos meses de escenario huelguístico. "Decenas de conflictos estallaban y se apagaban, sin que la huelga dejase de crecer". Desbordado el sindicalismo oficial, el epicentro de la conflictividad se situó en sectores tradicionales como el metal o la construcción, pero con participación añadida y estratégica de empresas públicas de transporte y comunicaciones (Telefónica, Renfe, Correos, Metro de Madrid) e incorporación novedosa a la protesta de trabajadores de banca o seguros, con patios de operaciones ocupados por huelguistas y celebrando en ellos asambleas masivas. La ciudad se quedó, sucesivamente, sin taxis, sin metro y sin correspondencia. Madrid, que ya se había convertido en 1975 en la quinta provincia más conflictiva, algo históricamente sin precedentes, vio cómo una oleada de huelgas la atravesaba de cabo a rabo en los primeros meses de 1976. Desde la marcha a Carabanchel, a finales de noviembre de 1975, a los conflictos neurálgicos en la Standard o la Chrysler, pasando por lo sucedido en Getafe (Kelvinator, desalojada por la policía; Siemens, John Deere, Casa, Intelsa, Electromecánica, asambleas en las plazas de la localidad en lo que se dio en llamar el "sindicato ambulante"), en Villaverde, Barajas o Méndez Álvaro, en los polígonos industriales de Fuenlabrada y Leganés o en Torrejón (donde veintiocho sindicalistas fueron detenidos de una tacada), fue una movilización con un claro sentido político, mucho más allá de una simple cuestión de índole salarial. Las movilizaciones en Madrid desgastaron muy seriamente la credibilidad de los intentos continuistas de Arias y colocaron en primer plano la necesidad de un cambio democrático. Además, lo sucedido en Madrid tuvo un carácter "ejemplificador" para otras provincias y ayudó a desencadenar iniciativas similares, sobre todo cuando se observó que se habían obtenido ventajas concretas: tanto el convenio de la construcción como los pactos alcanzados en distintas empresas metalúrgicas lograron una ruptura de los topes salariales, algo nada fácil en aquellos momentos. (...)

"¿Vienes a rematarme?", fueron las primeras palabras de un obrero herido en Vitoria cuando el ministro Fraga Iribarne acudió a visitarle al hospital. Era no sólo una expresión de indignación ante los crímenes, sino también una prueba de la falta de credibilidad en el Gobierno de Arias Navarro, ese Gobierno que, desbordado por todas partes, implantó en marzo de 1976 un nuevo tipo de salario mínimo interprofesional y una tenue mejora de las pensiones anunciada a bombo y platillo, con la secreta aspiración de atenuar la conflictividad laboral. Resulta llamativo, sin embargo, que la propia policía reconozca sobre esta cuestión de las pensiones que "no se ha llegado a dar la solución deseable para que mucha gente pueda hacer frente a sus necesidades de una manera digna", según puede leerse en un informe policial del 20 de marzo de 1976.

Tras varios meses de huelgas, los sucesos de Vitoria acabaron en marzo de 1976 con varios muertos y decenas de heridos. Venían proliferando las huelgas en muchos puntos de la geografía vasca, pero las más multitudinarias y prolongadas acaecieron en Vitoria. Allí, industrias importantes estaban paradas desde hacía un mes: Mevosa, Aranzábal, Gabilondo, Forjas Alavesas, Apellániz, Areitio... Ángel Ugarte, miembro del SECED (luego, CESID), vitoriano y testigo privilegiado de aquellos acontecimientos, ha escrito que esas muertes se habrían evitado "si los políticos al mando hubieran sido otros, con mayor conocimiento de nuestra labor, más expertos y más dispuestos a sacar partido de la in formación que les hacíamos llegar". El gobernador civil de Álava recibió información, casi en el mismo instante en que se producía -según Ugarte-, del estado de ánimo del comité de huelga, de sus intenciones y de otro asunto clave: la situación financiera de la Coordinadora de Vitoria. Para remachar a continuación que "supimos siempre con tiempo, y a través de nosotros lo sabían las autoridades civiles, qué iba a pasar". No queda nada bien parado en el relato de Ugarte el entonces asesor personal de Fraga Iribarne en el Ministerio de la Gobernación, José Antonio Zarzalejos. Al parecer, Zarzalejos, tras escuchar las informaciones y advertencias del espía Ugarte, pronunció en la noche del 2 de marzo un comentario que nunca he olvidado: "Esto es Vitoria. Aquí nunca pasa nada". Pero pasó, al día siguiente, nada menos que cinco obreros muertos y decenas de heridos. (...)

Adolfo Suárez

El nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno constataba el fracaso de la versión "reformista" de Arias Navarro. Pero los sindicatos, al igual que los partidos de oposición, pensaban que había llegado el momento de la amnistía, de la legalización de todos, de convocar elecciones democráticas y de abrir un periodo constituyente. Ideas todas ellas que, cabe recordarlo, levantaban enormes recelos entre el franquismo sociológico, todavía muy abundante: "Nos tememos que las organizaciones clandestinas, al aprovecharse de las nuevas corrientes aperturistas, es posible den al traste con las sanas intenciones democratizadoras que inspiran el momento".

El momento era que, coincidiendo con la caída de Arias y el nombramiento de Suárez, en un local de un barrio industrial de Barcelona se reunieron el 11 de julio, sin autorización, 650 delegados de CC OO en su primera Asamblea General. "La duración de la asamblea, prevista para tres días, hubo de constreñirse a 10 horas... El local, minúsculo y oscuro, difícilmente soportó sin reventar la presencia y el entusiasmo de los seis centenares largos de delegados -con una media de edad de entre 25 y 35 años- llegados de todas las regiones y nacionalidades de España. El calor asfixiante obligó desde el comienzo a numerosos delegados a despojarse de camisas y otras prendas accesorias, y unido a los dos potentes focos situados frente al escenario en que se hallaba la mesa presidencial, creó a veces un clima de galería de mina, de sala de fundición". A partir de esa asamblea, CC OO reorientó su trayectoria hasta convertirse en una central sindical, cuestión que se decidió en el mes de septiembre de ese año en un despacho de abogados de la calle de Atocha de Madrid, donde pocos meses más tarde serían asesinados los abogados y auxiliares laboralistas del PCE y CC OO y donde se eligió a Marcelino Camacho como "responsable del secretariado", todavía no oficialmente secretario general.

La amnistía concedida en ese mes de julio de 1976 no era la que pedía Coordinación Democrática y la que exigían los trabajadores movilizados, aun cuando significó un paso positivo en el camino de la restauración de las libertades democráticas y facilitó el posible diálogo entre el Gobierno y la oposición. (...)