Industria defiende el reparto del negocio eólico

Sorprendido aunque confiado en tener todas las de ganar. Así se expresó ayer el conselleiro de Innovación e Industria, el nacionalista Fernando Blanco, ante el contencioso judicial que presentó la Asociación Eólica de Galicia (EGA) contra las primeras autorizaciones de nuevos parques otorgadas en enero por este departamento de la Xunta.

Fernando Blanco insistió en su "completa seguridad" de que la concesión acordada por Industria es "una decisión justa y de acuerdo con el derecho". Y advirtió de que es la primera vez que la Administración autonómica cuenta con "motivos razonados" para anular licencias de explotación de la energía del viento que habían sido concedidas en anteriores etapas. "No como antes, que se hacía sin criterio", aseveró en referencia al mandato del anterior Gobierno presidido por Manuel Fraga.

Blanco admitió su sorpresa ante la iniciativa de la patronal del sector y le reprochó que acuda a los tribunales sin dar siquiera tiempo a la consellería a resolver recursos administrativos contra el nuevo reparto del negocio de la energía eólica. La batalla legal se anuncia larga. El conselleiro confirmó la intención de la Xunta de agotar hasta el final la vía judicial para defender sus criterios: "Tendrá que ser el Tribunal Supremo el que dicte sentencia", manifestó en una rueda de prensa organizada por la sección coruñesa del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.

La patronal del sector recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia las primeras concesiones de molinos, la quinta parte de los 2.500 megavatios eólicos en juego. "Concurrencia competitiva y protección del medio ambiente" continuarán siendo los criterios básicos que seguirá la Xunta para autorizar estos parques, advirtió el conselleiro. Y recordó que se denegaron licencias otorgadas por tratarse de parques que estaban en zonas naturales bajo protección "o que contaban con deficiencias técnicas".

Entre otras cosas, la patronal rechaza la disposición que le obliga a ceder a la Xunta el 10% de la potencia de los nuevos parques. Esa norma ya ha permitido a Industria hacerse con 25 megavatios. El conselleiro defendió la cesión de esa cuota del 10% con el fin de compensar "a la sociedad gallega que también se ve perjudicada por el impacto medioambiental" de esta actividad energética.