Los cuidadores de dependientes cobrarán hasta 487 euros al mes

Las personas que no puedan valerse por sí mismas, los llamados grandes dependientes, podrán en las próximas semanas acudir a los servicios sociales de sus comunidades para que determinen las prestaciones a que tienen derecho. Los familiares que se encargan de ellos podrán recibir una paga que alcanzará como máximo 487 euros mensuales. El Estado se encargará de su cotización a la Seguridad Social para que cobren pensión por ese trabajo.

Este año arranca la Ley de Dependencia con las personas que más ayuda necesitan. En los años siguientes irán incorporándose gradualmente a este servicio público universal aquellos que presenten otros grados de discapacidad. Los grandes dependientes, unos 200.000 en España, tendrán que evaluar su estado para ver qué prestación o servicios pueden recibir. Este año se prevé invertir una media de 1.014 euros mensuales por dependiente.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales determinará la semana que viene con las comunidades los detalles de las prestaciones que recibirán las cuidadoras (mujeres en su inmensa mayoría) que tienen a un gran dependiente a su cargo. La prestación económica puede alcanzar, en los casos más necesitados hasta 561 euros mensuales, de los que hay que descontar 74 para la cotización obligada a la Seguridad Social y para el cursillo de formación que recibirán estas cuidadoras, un curso obligatorio, a pesar de que muchas de ellas llevan años cuidando a ancianos, familiares en sillas de ruedas, discapacitados físicos y psíquicos. "Se trata de que tengan unos conocimientos reconocidos que les permitan, cuando ya no hagan estos trabajos en casa, incorporarse a residencias de ancianos, por ejemplo, como trabajadoras fuera de casa", explicó la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce.

El grado de dependencia se mide de 1 a 100 puntos. Los grandes dependientes serán los evaluados con más de 75 puntos. Son los que necesitan ayuda permanente para las necesidades básicas de la vida, la alimentación, el aseo, la movilidad. Entran aquí, por ello, los ancianos con las capacidades muy disminuidas, de los que se encargan en sus casas "en silencio, cientos de miles de mujeres que han sacrificado sus empleos", dijo ayer el ministro Jesús Caldera. Ahora, estas cuidadoras "podrán elegir" la prestación económica o recibir los servicios previstos en la ley. Pero la realidad social no permite todavía esta elección por completo: faltan residencias.

Si una cuidadora tiene a más de una persona a su cargo las ayudas se pueden acumular. Y si ya cotiza, por ejemplo en el régimen agrario (la figura de la mujer cuidando ancianos es muy común en el mundo rural), deberá elegir si quiere seguir con esa cotización o pasar a la otra, como cuidadora. "También está previsto que se reciban ayudas técnicas, como subvenciones para adaptar la casa, los cuartos de baño o el puesto de trabajo".

Muchas de las cuidadoras están ya jubiladas o a punto de hacerlo. Si eso ocurre, cobrarán su pensión y seguirán recibiendo la ayuda por tener dependientes a su cargo.

Caldera explicó ayer que el Gobierno ha habilitado un fondo extraordinario de 100 millones de euros para la construcción de centros de día y residencias. "Esta ley consagra derechos para todos, la atención a la dependencia ya no será fruto de la beneficencia ni de la filantropía. Esto es un cambio realmente histórico", dijo ante varias decenas de ancianos de una residencia en Madrid.