Un español tras las huellas de los crímenes de Pinochet

España se encuentra más adelantada que Chile en tecnología para la identificación de víctimas, pero los chilenos tienen conciencia de que los crímenes han sido responsabilidad de una dictadura, sostiene Francisco Etxeberria, director del Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y profesor de Medicina Legal y forense de la Universidad del País Vasco. Es uno de los expertos extranjeros contratados para identificar a los muertos del Patio 29 del Cementerio General de Santiago.

El forense propone la creación de una base de datos genética de los desaparecidos en Chile

Fueron hallados tres cadáveres donde, según indicaba el registro, debía haber sólo uno

La dictadura enterró allí a asesinados de los primeros días del golpe de 1973. La democracia encontró a 126 esqueletos y entregó 96 a sus familiares. Ahora, los nuevos equipos forenses han confirmado lo que ya se sabía, que más de la mitad están mal identificados.

Los problemas del Patio 29 provocaron consternación en abril de 2006, cuando los chilenos se enteraron de que había errores. Los parientes que creían haber encontrado a las víctimas tras años sin saber dónde estaban tuvieron un segundo duelo. La presidenta Michelle Bachelet, hija de un general que murió en la dictadura después de ser torturado, ordenó enmendar el error sin reparar en costos.

Etxeberria ha participado estos días en 29 exhumaciones, donde extrajo fragmentos óseos de 15 centímetros para identificar el ADN mitocondrial y nuclear. Los resultados serán cotejados con muestras de saliva y sangre que volverán a tomar a los familiares, porque las hechas en 1990 y 1991 no son fiables por falta de protocolos. "Los trabajos descriptivos que hicieron los técnicos chilenos son correctos. En el clima que había al salir de la dictadura dieron saltos sobre el vacío donde se fuerzan situaciones concretas" al identificar los restos óseos. "Ni siquiera es seguro que los 126 esqueletos completos exhumados pertenezcan a detenidos desaparecidos". En más de una fosa, donde en teoría debería estar una persona enterrada según los registros del cementerio, encontraron tres cadáveres. "¿Quiénes son los otros dos?", pregunta Etxeberria.

El Patio 29, convertido en monumento nacional, está en la zona del camposanto donde sepultaban por orden cronológico a los fallecidos del tercer trimestre de 1973. A partir del golpe que derrocó al Gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, las fosas en el suelo comenzaron a llenarse con asesinados sepultados como NN, las siglas de los no identificados.

En su oficina de la Municipalidad de Isla de Maipo, un pueblo rural a 35 kilómetros de Santiago, Emilio Astudillo, cuyo padre y dos hermanos mayores fueron detenidos por carabineros y asesinados en 1973 junto a otros 12 campesinos del villorrio cercano de Lonquén, espera desde hace 34 años que devuelvan sus restos.

"La agonía de la incertidumbre de no saber dónde estaban duró cinco años", cuenta Astudillo. Los buscaron en todos los campos de prisioneros hasta que, a finales de 1978, una confesión anónima a un sacerdote permitió ubicar los 15 cuerpos enterrados en hornos en Lonquén. Fue el primer hallazgo de detenidos desaparecidos, cuya existencia la dictadura negaba.

Un proceso judicial descubrió a los culpables, pero los carabineros se acogieron a la Ley de Amnistía de la dictadura y agentes de seguridad y autoridades del Servicio Médico Legal vaciaron las osamentas en una fosa común. Un año después, el régimen dinamitó los hornos y Pinochet ordenó al Ejército retirar los restos de víctimas sepultadas clandestinamente y arrojarlos al mar para borrar las huellas del crimen. Lo llamaron Operación Retiro de Televisores.

Una querella contra Pinochet por el caso Lonquén logró que en 2006 se exhumara la fosa común y enviaran los restos al Servicio Médico Legal. Etxeberria los examinó hace una semana e informó a las familias que se podrán identificar. "A mis hermanos no será posible reconocerlos porque tienen el mismo ADN y quedarán juntos para siempre, pero sí a mi padre. Quiero que tengan una sepultura digna y que los culpables vayan a la cárcel", sostiene Astudillo.

En España "se quiere la reparación, hay algún apoyo discreto para conocer la verdad pero nadie quiere mencionar la justicia", asegura Etxeberria en referencia a los crímenes cometidos por el franquismo. Los contrastes son fuertes. En Badajoz hay tres fosas con varios centenares de cuerpos no exhumados; en Chile, un programa oficial se encarga del asunto y los jueces tratan de identificar víctimas para aplicar condenas.

Aconseja el experto español que Chile aproveche la crisis provocada por los errores de identificación del Patio 29 para reforzar en medios humanos y materiales el Servicio Médico Legal. Etxeberria propone también formar una base de datos genética del total de detenidos desaparecidos porque, por ejemplo, no descarta que entre las osamentas del Patio 29 haya algunas que sean de otras zonas del país "que nunca se ha pensado que estén ahí". Esto permitirá comparar el ADN de los esqueletos con la base de datos total.

Etxeberria espera que los jueces tengan a fin de este año la información suficiente como para validar algunas identificaciones. "Por desgracia", señala, "hemos advertido que habrá casos que jamás se identifiquen".