La policía reconstruye el organigrama oculto de Batasuna para evitar su presencia electoral

El Gobierno se ha puesto en marcha para evitar que Batasuna, formación ilegalizada por el Tribunal Supremo, pueda presentarse a las elecciones municipales del 27 de mayo tras haberse negado a rechazar la violencia de ETA. Para ello, la Policía y la Guardia Civil han redactado un informe que revela la composición actual de la Mesa Nacional de Batasuna (ver gráfico). En este organigrama se ha basado la Fiscalía General del Estado para preparar la demanda de ilegalización de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB). Y en el futuro servirá para evitar otros intentos de burlar la ley por los dirigentes de la organización ilegalizada.

Los investigadores resaltan que el nuevo partido inscrito copia la estructura del ilegalizado

Fuentes jurídicas que siguen este proceso no descartan que Batasuna haya utilizado el Registro de Partidos como banco de pruebas para averiguar hasta dónde le dejarían llegar en su intento de presentarse a las elecciones. Batasuna ha insistido desde el martes, cuando inscribió su nueva marca, que su participación electoral la jugaba sólo a la carta de ASB, y que su decisión era "arriesgada" porque, contra su costumbre, no consultó a las bases para "garantizar el efecto sorpresa".

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas no descartan que la izquierda abertzale impulse otra formación o acuda a las agrupaciones electorales, como en 2003. Pero, en todo caso, ya saben que hay cuatro parámetros a corregir en otro intento: el nombre, los promotores, la estructura y algunos candidatos. Para poder comprobar si las listas abertzales cumplen la ley, va a ser básico el organigrama elaborado por los servicios policiales, si bien los investigadores admiten que tiene un margen de inexactitud.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado presentarán sus demandas contra ASB previsiblemente el martes y pedirán a la Sala Especial del Tribunal Supremo que declare ilegal al nuevo partido sucesor de Batasuna. Mañana se darán los últimos retoques a las demandas por parte de los dos equipos que trabajan en paralelo. En la Fiscalía se constituyó el martes un minigabinete presidido por el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido; el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, y la jefa de la Secretaría Técnica, Elvira Tejada. En el Ministerio de Justicia, bajo la supervisión del ministro, Mariano Fernández Bermejo, redactará la demanda el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají.

La afirmación de Otegi de que la nueva formación "cumple escrupulosamente" la Ley de Partidos, aunque más dirigida a su clientela para legitimar su posición victimista, queda en entredicho jurídicamente nada más examinar la identidad de la primera firmante: que Marije Fullaondo pertenezca a la Mesa Nacional de Batasuna, encabezase una lista electoral de la ilegalizada Euskal Herritarrok y esté encausada por el juez Baltasar Garzón por integración en banda terrorista no es la mejor carta de presentación para sostener que su perfil no tiene "relevancia" por su "disposición a apoyar la violencia o el terrorismo", como reza el artículo 12 de la Ley de Partidos.

Y además de Fullaondo, Juana Regueiro, otra de las tres representantes, también pertenece a la Mesa Nacional de Batasuna, según consta en un informe de la Comisaría General de Información que se incorporará entre los anexos a la base documental de la demanda de la Fiscalía.

La ley impide la creación de un nuevo partido o la utilización de otro ya inscrito "que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto". Y junto al historial de Fullaondo, la marca Batasuna es demasiado evocadora de los disueltos partidos Herri Batasuna y Batasuna como para sostener que se trata de una denominación genérica traducible por "unidad".

A los fiscales les llamó también la atención que el nuevo partido tenga una organización y estructura que parece directamente trasladada de Batasuna, hasta el punto que el máximo órgano gestor se denomina Mesa Nacional. Demasiadas coincidencias que evidencian una conexión de personas, estructuras y funcionamiento entre ambos partidos como para no instar un pronunciamiento que impida su inscripción, según la Ley de Partidos.