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El debate sobre la política antiterrorista

La legalización era la clave de la 'hoja de ruta'

Luis R. Aizpeolea

La reaparición de Batasuna en la política, con su participación en las elecciones municipales de mayo, y la paulatina desaparición de ETA eran la clave en la hoja de ruta del proceso de fin dialogado del terrorismo. El atentado del 30 de diciembre, con dos muertos, y la ausencia de un rechazo de ese atentado y de la violencia por parte de Batasuna frustraron esa hoja de ruta. El Gobierno rompió su diálogo con ETA y avisó a la formación abertzale de que no podía participar en las elecciones si no rechazaba el atentado, según las reglas de juego vigentes de la Ley de Partidos.

Desde diciembre, Batasuna ha presentado un programa político más flexible y ha expresado su apuesta por las vías políticas, pero no ha se ha desvinculado del terrorismo con un rechazo claro. Por ello, ni el PNV ni el PSE han aceptado el debate político que proponía Batasuna.

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El Gobierno, que ha mostrado su flexibilidad antes y después del proceso -al admitir la entrevista de Arnaldo Otegi y Patxi López, con lo que tenía de reconocimiento a Batasuna, o el acercamiento del etarra Iñaki de Juana a Euskadi-, se ha plantado ante Batasuna en la cuestión clave: las condiciones de la participación electoral. "Los estatutos que Batasuna presentó el martes podrían haber servido para legalizarles por su apuesta exclusiva por las vías democráticas, tras cuatro años sin muertes. Pero, desgraciadamente, el 30 de diciembre una bomba de ETA mató a dos personas y eso requiere de Batasuna rechazar la violencia para poder participar y, sin embargo, ha actuado como si ese atentado no hubiese existido", dice el Gobierno.

El Ejecutivo se remite a las condiciones que el presidente expuso el 18 de febrero en Vitoria: para que Batasuna participe en política debe rechazar la violencia y para reabrir el proceso de paz ETA debe anunciar su fin. El Gobierno no descarta un regreso de ETA al terrorismo tras su firme decisión. Las bombas lapa incautadas a los etarras detenidos esta semana no auguran nada bueno, admite el Gobierno.

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