Las investigaciones por delitos urbanísticos se triplican en Sevilla

Las investigaciones abiertas por delitos contra la ordenación del territorio se han triplicado en Sevilla en el último año. De las 100 diligencias incoadas en 2005, se ha pasado a 353 durante 2006, lo que sitúa a Sevilla como la provincia andaluza donde más han crecido las investigaciones puestas en marcha por delitos urbanísticos. Los datos ya cerrados de 2006 desvelan también que, pese a que los desmanes urbanísticos del Aljarafe son los que más trascienden a la opinión pública, el mayor número de diligencias en Sevilla se concentran en la Sierra Norte y la Sierra Sur.

La tendencia que reflejan los datos de esta provincia es similar a la que se da en el resto de Andalucía. En todas se incrementaron las diligencias abiertas por delitos urbanísticos, aunque no en una proporción tan alta. El aumento de diligencias abiertas en Sevilla desde que empezó a funcionar la Red de Fiscales Medioambientales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha sido exponencial: 36 en 2004, 100 en 2005 y 353 en 2006. Pero no sólo se han incrementado las diligencias abiertas contra incumplimientos de las normas de ordenación del territorio. La suma de casos investigados en Sevilla en 2005 fue de 193, mientras que en 2006 han superado los 570.

Los 18 fiscales medioambientales de Andalucía tienen encomendadas la persecución de los delitos contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente (como incendios o vertidos ilegales) y contra la ordenación del territorio, si bien son estos últimos los que siguen acaparando más investigaciones en todas las provincias y los que más preocupan a los responsables de la Fiscalía del alto tribunal andaluz. Como en años anteriores, la mayoría de las diligencias se abren por delitos cometidos presuntamente por particulares, aunque muchas de ellas, según fuentes de la Fiscalía andaluza, derivan en la existencia de responsabilidad por parte de instituciones o cargos públicos.

La memoria de 2006 de la Red de Fiscales Medioambientales se presentará en las próximas semanas, pero en la memoria del año pasado las Fiscalías de Málaga y Sevilla ya mostraban especial preocupación por los delitos de prevaricación urbanística por parte de una autoridad o funcionario público que resolvió o votó a favor de la concesión de licencias contrarias a las normas vigentes "a sabiendas de su injusticia".

Dado que el volumen de trabajo de los fiscales medioambientales se multiplica cada año, los responsables de la Fiscalía vienen demandando un aumento del número de miembros del Ministerio Público que integran esta red. Actualmente todas las provincias tienen dos, excepto Sevilla, que cuenta con cuatro (tres en la capital y uno en Dos Hermanas). En el seno de la Fiscalía se considera que haría falta, al menos, dotar con un fiscal más a Málaga y Cádiz, las dos provincias con más carga de trabajo y permitir que, como mínimo, uno de los cuatro fiscales sevillanos, el coordinador de la Red andaluza, Luis Carlos Rodríguez León, pudiera tener exclusividad como fiscal medioambiental. Hasta ahora, todos menos uno de los de Cádiz tienen que compatibilizar sus tareas como fiscales medioambientales con las que ejercían hasta que se creó esta red.

La labor de investigación de los fiscales medioambientales se ha visto reforzada en las últimas semanas por la puesta en marcha de los grupos de la Guardia Civil dedicados específicamente a perseguir delitos urbanísticos. En Andalucía son 27, tres por cada Comandancia, los que desde hace un mes tienen encomendado este trabajo. Además, la Guardia Civil cuenta en la comunidad autónoma con 37 agentes específicos del Seprona, que se considera la primera policía medioambiental de Europa.

No obstante, fuentes de la Guardia Civil advierten de que todos los agentes del Instituto Armado, más de 13.000 en Andalucía, están autorizados para sancionar por delitos medioambientales. Según el último balance hecho público hace dos semanas por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, el Instituto Armado desarrolló en 2006 700.000 actuaciones en apoyo a materias con competencias exclusivas de las comunidades autónomas, entre ellas, algunas relacionadas con tráfico rodado (transportes de residuos, mercancías), protección del medio ambiente, y comercio, consumo y ocio. De estas 700.000, más de 178.000 se realizaron en Andalucía y, según fuentes de la Guardia Civil, más de 150.000 estaban relacionadas con el medio ambiente.