Caldera subraya el valor del acuerdo en reformas laborales y Aparicio no se siente responsable del texto

La anulación del decretazo suscitó ayer multitud de valoraciones, principalmente para celebrar la sentencia del Constitucional. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, cree que la decisión fomenta el diálogo social. "El Constitucional nos está diciendo a todos que no se pueden tomar decisiones tan importantes en el ámbito laboral sin que hayan sido previamente dialogadas", subrayó el ministro desde Nueva York, informa Sandro Pozzi. Caldera acudió a la sede de Naciones Unidas para firmar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Discapacitadas.

"Tuvieron un revolcón social y ahora tienen el Constitucional", reflexiona Cándido Méndez, líder de UGT que estuvo, junto con CC OO, al frente de las protestas. Méndez añade que en España no ha funcionado ninguna reforma laboral impuesta sin acuerdo, e interpreta en clave internacional la actitud de José María Aznar: "Entonces era presidente de turno de la Unión Europea y quiso mandar un mensaje muy negativo de recorte de derechos en el conjunto de Europa".

También CC OO cree que el Constitucional da un valor "trascendente" al diálogo social, y lanza una advertencia al Gobierno del PSOE, que "utilizó la misma vía" para devolver a UGT y CNT el patrimonio sindical incautado durante la Guerra Civil y la dictadura.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, mostró su alegría porque el tribunal le haya dado "la razón en un tema tan delicado". El PSOE e IU, también promotores del recurso de inconstitucionalidad, se felicitaron por la decisión, que creen desautoriza al anterior Gobierno del PP.

Los miembros de aquel Ejecutivo difieren en la valoración. El entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, no se considera responsable de la forma legal que se eligió para tramitar la reforma del desempleo. Su sucesor y actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, precisa que el decreto fue "el único desencuentro del Gobierno de Aznar con los agentes sociales".

El sindicato agrario SOC pedirá que le devuelvan las multas y sanciones impuestas por protestar contra el decreto.