La adscripción de centros choca con el decreto de admisión aprobado

El Consell aprobó ayer el nuevo Decreto de Admisión de Alumnos que regulará el procedimiento de solicitud de plazas en todos los centros educativos públicos y concertados en mayo próximo. Con la nueva norma, la Generalitat se compromete por ley a primar "la reducción del tiempo dedicado al desplazamiento del alumnado al centro docente", con una finalidad doble: "Evitar desplazamientos innecesarios" a las familias y niños y "garantizar" que el alumno de un barrio pueda "continuar" sus estudios de Secundaria en el instituto de referencia asignado dentro de su "área de influencia" sobre la base de la "proximidad del domicilio del niño" o "del colegio de primaria al que asiste". Se trata de facilitar la "conciliación laboral y familiar", y evitar que niños de 12 años tengan que cambiar de barrio y de compañeros de clase al pasar a la ESO, una de las grandes reivindicaciones de las federaciones de padres de alumnos de la red pública.

El decreto, no obstante, tropezó con una resolución publicada ayer mismo en el DOGV -aunque firmada el 16 de marzo pasado por el director de Enseñanza, Josep Vicent Felip- que de hacerse efectiva consumaría de facto el "cambio drástico de adscripción" propuesto en enero a ocho centros de Primaria y 4 institutos del distrito de Algiròs.

Las 600 familias que firmaron el documento de rechazo entregado el 8 de marzo pasado en el registro de la consejería, junto a las múltiples alegaciones presentadas por directores y consejos escolares de los centros afectados, sostienen que se trata de "una redistritación encubierta de más de 2.000 plazas públicas en favor de los grandes colegios privados y religiosos de la zona".

"De hacerse efectivo este cambio de adscripción", fuentes de la Consejería de Educación admiten que habría "un choque con el principio del decreto que garantiza la proximidad del centro escolar al domicilio o lugar de trabajo de los padres". Al tratarse de dos de los objetivos más explícitos del Decreto de Admisión impulsado por el propio consejero, Alejandro Font de Mora, la Administración "no descarta facilitar la reunión solicitada por las AMPA y directores afectados con el consejero".