Díaz de Mera solicita ayuda a policías de confianza para salvar su acusación sin pruebas

El ex director general de la Policía y actual eurodiputado popular, Agustín Díaz de Mera, mantuvo conversaciones con varios policías, miembros de la cúpula policial durante el mandato del PP, la noche del pasado miércoles 28 de marzo, tras ser multado y amenazado con un delito de desobediencia por el tribunal del 11-M durante su declaración en el juicio por los atentados de Madrid. Las fuentes policiales consultadas señalaron a EL PAÍS que Díaz de Mera solicitó apoyo para aportar al tribunal el nombre de algún funcionario con el que presuntamente salvar su acusación sin pruebas de que existe un supuesto informe policial en el que se vincula a ETA con el 11-M, que habría sido ocultado al juez instructor, Juan del Olmo.

López Garrido dice que es "una acusación inscrita en la patología de la mentira del PP"

Dichos policías dijeron a Díaz de Mera que en las conversaciones que mantuvieron con él jamás habían afirmado que el contenido del informe avalara la participación de ETA en el 11-M. El eurodiputado del PP llamó por teléfono, antes de regresar a Bruselas, a varios altos cargos policiales para confiarles que se encontraba en una situación difícil a raíz de haberse negado a revelar el nombre de su presunta fuente durante su declaración de ese día. También les transmitió el malestar del presidente del PP, Mariano Rajoy, por lo sucedido.

El ex director general pedía ayuda para ver si podía dar el nombre de algunos de sus interlocutores a fin de salir de la encrucijada. Los antiguos altos cargos, con quienes Díaz de Mera había intercambiado puntos de vista antes de acudir a declarar en el juicio del 11-M, le replicaron que ellos nunca le habían proporcionado una información sobre el presunto documento en el sentido que él había puesto de relieve ante los medios de comunicación afines al PP el pasado mes de septiembre.

En efecto, el sábado 9 de septiembre de 2006, Díaz de Mera declaró a la cadena Cope que existía un informe en el que se hablaba de conexiones entre ETA y los islamistas en relación con el 11-M. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, preguntado sobre el asunto, señaló que dicho informe no existía.

El montaje que abanderó Díaz de Mera comenzó, según las fuentes consultadas, en diciembre de 2005. En aquel momento, la Unidad Central de Inteligencia (UCI), a cargo del comisario Domingo Pérez Castaño, elaboraba un informe sobre las relaciones entre ETA e islamistas. Dos funcionarios -un hombre y una mujer- eran los encargados de redactar el documento. Mientras se trabajaba en el mismo, Pérez Castaño fue relevado de la UCI por el comisario general de Información, Telesforo Rubio. A partir de esas fechas, mientras los oficiales trabajaban en el informe, Pérez Castaño, según fuentes policiales, comenzó a difundir rumores sobre un cambio de orientación o enfoque en el informe original.

Estos rumores llegaron a Díaz de Mera, quien entendió que podían ser favorables para el PP. El informe final fue enviado al juez Juan del Olmo en febrero de 2006 y en él se relataban los contactos entre presos etarras e islamistas, sin hallar ninguna vinculación entre ETA y los autores del 11-M que permitiera sostener la participación de la banda terrorista.

Díaz de Mera denunció los hechos en los medios de comunicación afines al PP en septiembre de 2006 y siguió investigando más sobre el citado informe a través de contactos con policías que habían trabajado bajo su mando. Sin pruebas, afirmó que, si el único informe en poder del juez era aquel en el que sólo se hablaba de relaciones en la cárcel, ello quería decir que había habido una manipulación, que en ese caso el original había sido triturado. En sus conversaciones telefónicas del miércoles pasado y ayer, jueves, por la mañana, ya desde Bruselas, Díaz de Mera se mostró desconcertado por la nueva situación. Un colaborador del eurodiputado, con el que contactó ayer este periódico, aseguró que Díaz de Mera no iba a contestar a ningún medio.

Ninguno de los policías con los que ha contactado EL PAÍS ha admitido haber hablado con él en el pasado de un presunto informe desaparecido ni están dispuestos a que se use su nombre para sostener la vinculación de ETA con el 11-M. En todo caso, los autores del informe podrían dar testimonio en el juicio para aclarar la cuestión.

A Mariano Rajoy la negativa del eurodiputado a facilitar información al tribunal del 11-M no le ha gustado. Ayer declaró: "Todos los ciudadanos deben colaborar con la justicia, atender los requerimientos y acatar las resoluciones de los jueces, porque esas son las reglas de la democracia", informa Ezequiel Moltó. Rajoy expresó su respeto a la decisión del tribunal que acusa a Díaz de Mera de desobediencia. Sobre la intención del ex director de la Policía de mantener en secreto su fuente, reiteró que debe "atender a los requerimientos del tribunal y colaborar con la justicia".

El PSOE exigió ayer que el eurodiputado del PP deje su escaño, informa Anabel Díez. La portavoz adjunta de los eurodiputados españoles y responsable de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, señaló: "Un eurodiputado no puede mentir, no puede obstruir la labor de la justicia". Valenciano se mostró segura de que Díaz de Mera no puede entregar ese informe "porque ningún funcionario escribió que hubiera conexión entre ETA y el 11-M". El portavoz de Grupo Socialista, Diego López Garrido, añadió: "Es una acusación delirante, inscrita en la patología de la mentira del PP".

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, calificó ayer a los eurodiputados socialistas de "buitres carroñeros" por aprovecharse de la "difícil posición" actual de Díaz de Mera y pedirle que renuncie a su acta de parlamentario europeo, informa Europa Press.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, pidió responsabilidades al PP por "elaborar y defender una teoría de la conspiración que hoy se cae como un castillo de naipes". El diputado de ERC Joan Puig, miembro de la comisión parlamentaria que investigó el 11-M, declaró: "Díaz de Mera ha enredado a conciencia con fabulaciones que ya no interesan ni a los lectores de un periódico ni a los oyentes de una radio, empeñados en no asumir que el PP engañó a la ciudadanía entre el 11 y el 14 de marzo de 2004".