La competencia llega a la Universidad

Tres años de legislatura y dos equipos ministeriales después, la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) se vota hoy en el Congreso de los Diputados y, previsiblemente, se aprobará. Esta ley es la contestación del Gobierno a las protestas que la legislatura pasada sacaron a la calle a más de 350.000 personas, incluidas varias decenas de rectores, contra la regulación de la universidad que promovió el PP. La principal queja de los centros fue la "invasión de la autonomía de las universidades" que, según ellos suponía aquella norma, la LOU.

La actual ley se dirige radicalmente hacia el camino opuesto: gran autonomía a los centros en la gestión, organización de sus estudios y contratación de sus profesores. Esto les dará libertad para adaptarse a las necesidades educativas de España y de la UE, pero también desatará como nunca la competencia entre las 74 universidades españolas para lograr, en el mejor de los casos, a los alumnos y profesores más brillantes y, en el peor, a intentar sobrevivir. Todo ello con el horizonte de un sistema unificado de títulos homologable en toda Europa, previsto para 2010. Con la reforma, los profesores tendrán que acreditar documentalmente ante la administración su experiencia y méritos como primer paso para convertirse en funcionarios. Luego cada universidad decidirá cómo seleccionarlos. En cuanto a las titulaciones, los campus diseñarán sus carreras a partir de unas plantillas generales para cada área de conocimiento (humanidades, ciencias sociales, etcétera) que establecerá el Gobierno. Los títulos tendrán que ser aprobados por el Ministerio de Educación y las comunidades. Los Grados, de cuatro años, sustituirán a diplomaturas y licenciaturas, y los posgrados se dividirán en másteres de especialización y doctorados. Los títulos con atribuciones profesionales, como medicina o arquitectura, sí serán definidos al detalle por el Estado, como se hacía hasta ahora con todas las carreras oficiales.

La opción más señalada para afrontar el futuro es la especialización

El PP se ha mostrado radicalmente en contra de estos dos cambios. Del primero, porque asegura que no acabará con la endogamia y porque "se eliminan por primera vez los exámenes comunes para acceder a un cuerpo de funcionarios". Del segundo dicen que convertirá la oferta de títulos en un marasmo con carreras de primera y de segunda.

Desde el Gobierno siempre se ha acompañado el discurso de la autonomía con el de la rendición de cuentas como contrapartida. El nuevo texto hace gran hincapié en las evaluaciones tanto de profesores e investigadores como de la calidad de las carreras, y contempla la posibilidad de que desde el Gobierno se incentive la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico de los docentes e investigadores funcionarios y contratados. Además, el ministerio ya ha anunciado que pretende que los resultados de las universidades condicionen el presupuesto que reciben.

Pero la realidad que señalan los rectores y otros miembros de la comunidad universitaria es que será precisamente el mercado común europeo de titulaciones el que obligará a las universidades a mejorar para competir. En el momento en el que cualquier español pueda estudiar en otro país europeo y el título le sirva directamente para trabajar o seguir estudiando de vuelta en España, la diferencia puede estar entre perder alumnos o ganarlos de otros países.

Y la competencia también se producirá entre los campus españoles. La oferta académica está actualmente fragmentada, "desordenada y sin coordinación", como la calificó el presidente de los rectores, Juan Vázquez. En los últimos años, mientras el número de universitarios descendía, las carreras se multiplicaban, ofreciendo la misma, a veces a muy pocos kilómetros de distancia.

El resultado es que dos tercios de las 2.200 titulaciones que se ofrecen en España tienen menos de 125 alumnos nuevos al año, la cifra clásica que se ha dado como mínima para que una carrera sea viable. Ahora, con menos alumnado universitario, algunos expertos prefieren la cifra mínima de 70, pero, según las cifras del curso 2004-2005, aún hay unas 700 carreras por debajo de este listón, y más de un centenar tienen menos de 10 alumnos nuevos.

La solución es la especialización, según Juan Vázquez, que permite esta reforma de la LOU. "Es una ley para interferir lo menos posible, que no crea un modelo único, sino que permite la diferenciación entre las universidades", asegura. Los campus han intentado abarcar todas las titulaciones, todas las ramas del saber, todo tipo de investigaciones, explica Vázquez, y ahora, en el nuevo contexto de competitividad, sería el momento de especializarse, pero "dentro de un sistema articulado, ordenado", recalca. Los expertos señalan las necesidades de cada territorio, o los campos en los que ya se ha destacado como criterios para esa diferenciación. Algunos de ellos creen que parte de las becas podrían orientarse a fomentar la matriculación en carreras estratégicas en cada caso.

La opción de especializarse en la investigación también queda en manos de los campus con la reforma de la LOU. Se abre la posibilidad de que las universidades y los institutos públicos de investigación instituyan institutos mixtos con empresas privadas a los que podrán adscribirse sus docentes. Además, cuando un profesor investigador obtenga resultados científicos, éste podrá negociar con la universidad la creación de un empresa conjunta para la aplicación práctica en la sociedad de estos nuevos conocimientos.

El uso de todas estas herramientas dependerá de la voluntad de las universidades, pero, sobre todo, de la financiación que reciban. A pesar de las quejas de rectores y sindicatos, la revisión de los criterios para financiar las universidades públicas (en la actualidad basado principalmente en el número de estudiantes), ha quedado fuera de la reforma de la LOU. "Ahora necesitamos los medios para que podamos ejercer esa autonomía tan proclamada", asegura Juan Vázquez. "Ya hemos hablado mucho de la legislación, ahora es tiempo de pensar muy bien cómo queremos que sea la universidad dentro de 10 años".

Los rectores también manifiestan su temor a que "la autonomía no llegue a las universidades", "que todas estas transferencias por parte del Estado se conviertan en nueva regulación autonómica" cuando los Gobiernos de las comunidades desarrollen la ley.