Erasmus y evaluaciones públicas

Estos son los principales cambios que introduce la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que previsiblemente se aprueba hoy en el Congreso:

- Estatutos. La ley prevé la redacción de estatutos en los que se definirá la carrera profesional de los profesores atendiendo a sus méritos docentes y de investigación científica y tecnológica. También los investigadores contarán con un estatuto que desarrolle su carrera. Un tercer estatuto, el del Estudiante Universitario, recogerá sus derechos y deberes y contemplará la constitución de un Consejo de Estudiantes.

- Evaluación y transparencia. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), principal organismo que fijará los criterios de evaluación de los campus, se convierte en agencia estatal. Además, los resultados de las evaluaciones de docentes, investigadores y alumnos serán públicos sin necesidad de que los interesados den su consentimiento.

- Becas. Se tendrá en cuenta el coste de la vida en cada lugar al conceder las becas. Al PP le preocupa que esto pueda significar la ruptura de los criterios de equidad y que haya distintos umbrales de renta para acceder a las ayudas en cada comunidad. De momento, el borrador de real decreto de umbrales para el curso próximo no establece distintos umbrales y, como ya se ha hecho este año, se destina un dinero extra para algunas becas si los alumnos estudian en ciudades de más de 100.000 o 500.000 habitantes. Además, el nuevo texto de LOU pide fomentar las ayudas de movilidad como las Erasmus.

- Rector. Cada universidad decidirá si el rector es elegido por la comunidad universitaria mediante sufragio universal (incluyendo alumnos y personal de administración y servicios) o por el claustro.

- Conferencia Sectorial. El Consejo de Coordinación Universitaria se dividirá en dos. El Consejo de Universidades, formado por el ministerio y los rectores, y la Conferencia Sectorial, un foro de encuentro entre el Estado y las comunidades en materia universitaria. Propondrá la programación general de estas enseñanzas, y tratará sobre equipamientos, instalaciones, personal, financiación e investigación.

- Investigación. Los profesores investigadores de la universidad y de organismos públicos de investigación, tanto funcionarios como contratados de forma indefinida, podrán pedir excedencias de cinco años para incorporarse a una empresa y seguir desarrollando de ese modo sus trabajos. Además, los investigadores, al final de un contrato temporal, podrán ser contratados de forma indefinida por estas entidades si los científicos han recibido evaluaciones positivas. Esta medida puede solucionar la situación de los científicos del Programa Ramón y Cajal. Actualmente, estos investigadores, tras los cinco años de su contrato, se ven en la mayoría de los casos abocados al paro.

- Escuelas universitarias. Los catedráticos de escuelas universitarias podrán integrarse en el cuerpo de profesores titulares de universidad en las mismas plazas que ocupen. Y los profesores titulares de estas escuelas que posean el título de doctor, o lo obtenga posteriormente y acrediten sus méritos, podrán pasar a ser titulares de universidad. Las facultades establecerán programas específicos para facilitar que estos profesores compaginen su tarea docente con la obtención del título de doctor.

- Universidades privadas. Asegurarán que en sus órganos de gobierno y representación haya una participación adecuada de los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Las decisiones "estrictamente" académicas deberán adoptarse en órganos con representación mayoritaria del personal docente e investigador. Como las públicas, tienen tres años para adaptar sus estatutos a la ley.

- Igualdad. Los órganos de representación y gobierno de las universidades públicas y privadas deberán elegir a sus representantes de forma equilibrada entre hombres y mujeres. Se excluye al equipo de gobierno (rectores y vicerrectores) de esta obligación.

- Discapacidad. Las universidades desplegarán todos los medios necesarios para garantizar el acceso, el ingreso y la permanencia en los campus de las personas con discapacidad, lo que incluye, si es necesario, la adaptación de cualquier espacio y servicio. Además, se dice expresamente que no tendrán que pagar la matrícula.