El juez rechaza analizar medidas cautelares para Otegi

El magistrado Roberto Saiz, que instruye el caso de las reuniones entre Batasuna y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y el PSE, denegó ayer al Foro de Ermua la petición de celebración de una vistilla sobre la adopción de medidas cautelares contra los dirigentes de la formación ilegalizada Arnaldo Otegi y Rufino Etxebarria.

La representación legal del Foro de Ermua realizó esa solicitud el pasado lunes, tras ratificar tanto los dirigentes de Batasuna como el lehendakari la celebración de más reuniones además de la que originariamente abrió la causa, que se produjo el 19 de abril de 2006. En concreto, reconocieron otra cita el 22 de enero pasado. El abogado del Foro de Ermua, Fernando García-Capelo entendió que la suma de cuatro entrevistas, tres con Ibarretxe y una con los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, constituía un encadenamiento de delitos.

Por ello, y para evitar la "reiteración delictiva" que, a su juicio, se corre el riesgo de que se siga produciendo por la disposición de al menos parte de los imputados, García-Capelo pretendía lograr del juez instructor la adopción de medidas cautelares. Éstas habrían consistido en la prisión con o sin fianza de Otegi y Etxeberria, aunque el abogado citó el lunes también la posibilidad de un requerimiento a ambos para que se abstuvieran de reproducir las actividades cuestionadas.

El instructor dictó ayer un auto en el que desestima la petición, al considerar que no concurren los requisitos precisos.

El magistrado recuerda que la prisión provisional es una medida excepcional y que la regla general debe ser la libertad de la persona imputada. También resalta que ambos han atendido todos los llamamientos que se les han hecho y señala que no existe riesgo de fuga, ni de ocultación o destrucción de pruebas.

El secretario general del PSE, Patxi López, afeó ayer al Gobierno que no rechazase la agresión registrada el lunes al miembro del Foro Ermua Antonio Aguirre. "Hay que condenar siempre cualquier acción violenta contra cualquier ciudadano", dijo.

El PNV reconoció al presunto agresor, identificado por el PP como Alejandro Aranburu Corral, como militante del partido. El Departamento de Interior aclaró que fue trabajador, hoy jubilado, del parque móvil del Gobierno y aseguró que la Ertzaintza sí le identificó antes de dejarle ir el lunes. El portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, descartó sancionar a Aranburu, de quien dijo que se encuentra "apesadumbrado".