Críticas a la nueva asistencia jurídica a inmigrantes

El PSE y el PP criticaron ayer abiertamente el nuevo modelo de asistencia jurídica a los inmigrantes elegido por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. Hasta octubre del año pasado, este servicio lo prestaban los colegios de abogados de los tres territorios por medio de un convenio. Sin embargo, y a pesar de que el consejero Javier Madrazo reconoció que se había hecho una gran labor, el departamento sacó el servicio a concurso público a finales del año pasado y se lo adjudicó a la empresa privada Estudios y Proyectos Jurídicos.

La parlamentaria socialista Gemma Zabaleta habló de privatización pura y dura e incluso preguntó al propio Madrazo si detrás de la empresa adjudicataria no hay trabajadores vinculados políticamente a Ezker Batua, el partido del consejero.

Madrazo le replicó que el único caso que él conoce es el de una persona liberada de la ejecutiva del PSE-EE de Vizcaya que trabaja en el nuevo servicio de asistencia jurídica. El consejero dio varias razones para justificar el cambio. En primer lugar, indicó que con la figura del concurso se reforzaba el carácter público de la asistencia jurídica a los inmigrantes, a diferencia de lo que ocurría antes con el convenio. Por otra parte, alegó que de esta forma se lograba una unificación de la prestación, ya que antes la ofrecían los tres colegios de abogados y cada uno tenía sus particularidades. Como en el caso de las retribuciones. "En cada territorio se cobraba de manera diferente", precisó.

Otra de las razones son las nuevas demandas que presenta el colectivo de inmigrantes y que, en algunos casos, podían chocar con los intereses de los colegios, como el seguimiento de casos en los que se produzca explotación laboral o sexual de los inmigrantes, y el asesoramiento penal y de tipo laboral. Finalmente, el consejero también mostró su malestar con la exigencia de los colegios de abogados de reclamar una bolsa destinada a indemnizaciones por posibles despidos.

Las razones ofrecidas por Madrazo no convencieron ni a PSE ni a PP. Al contrario, les sembraron más dudas sobre "la verdadera motivación del cambio", en expresión de Zabaleta. La parlamentaria del Partido Popular Arantza Quiroga cuestionó la mejora que va a suponer que una empresa privada se haga cargo del trabajo y planteó que todo obedecía al deseo del consejero de hacerse con el "control" del sistema.