Unas 150.000 viviendas están pendientes del abastecimiento

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estima que alrededor de 150.000 viviendas previstas en planes urbanísticos en la Comunidad Valenciana aún no tienen acreditado que podrán asegurar el agua a sus futuros residentes. En los últimos dos años, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha abierto un total de 574 expedientes relacionados con los informes preceptivos sobre la disponibilidad de recursos en nuevos desarrollos urbanísticos, sus posibles afecciones al dominio público hidráulico o la invasión de áreas con peligro de inundación por la crecida de los ríos. De estos expedientes, 68 son desfavorables a las pretensiones de los constructores, frente a 55 en los que la Confederación sí considera cubierta la demanda prevista.

Otros 220 expedientes están pendientes de nueva documentación que deben aportar los impulsores de los planes urbanísticos, mientras que otros 228 están registrados de momento como meras solicitudes del informe obligatorio que exige la Ley de Aguas sin que se hayan aportado datos suficientes para que el organismo pueda valorar la actuación y su incidencia sobre las reservas de agua.

En relación con estos expedientes, la Confederación acusa a la Generalitat valenciana de torpedear su labor, ya que a menudo remite la petición del informe preceptivo con el aviso de que no dispone de "copias suficientes" de los proyectos para facilitarlos al organismo, al que pretende obligar a buscar los datos en las delegaciones territoriales de Urbanismo. Según explican fuentes de la CHJ, tras enviar las solicitudes, la Generalitat en muchas ocasiones presenta estudios de empresas privadas o municipales que afirman contar con agua y pretende que el organismo de la cuenca del Júcar los convalide.

Empresas privadas

Un ejemplo de esta práctica que la CHJ critica es la aprobación en febrero pasado del plan del Parque Central de Valencia, un proyecto en suelo urbano que eliminará la playa de vías del centro de la ciudad y permitirá desarrollar nuevos barrios con 8.000 viviendas. La Generalitat requirió el informe sobre el agua sin adjuntar la documentación mínima y después dos estudios privados "a efectos de convalidación", sólo días antes de la comisión territorial de Urbanismo que debía dar el visto bueno definitivo al plan.

"No podemos convalidar un informe de otra entidad sin tener la base documental del proyecto. ¿Qué necesidad hay de no aportar la documentación?", se preguntó el comisario de Aguas, Manuel Alcalde. La CHJ informó negativamente sobre el plan al no poder analizarlo. La subdelegación del Gobierno prevé recurrirlo. La Generalitat rechaza las acusaciones y asegura que los socialistas sólo pretenden frenar el desarrollo.