El Gobierno recurre una docena de planes urbanísticos de Valencia por falta de agua

El Gobierno ha recurrido una docena de actuaciones urbanísticas en poblaciones valencianas porque sostiene que no tienen garantizada el agua. Los planes impugnados afectan a un mínimo de 15.000 viviendas aprobadas con un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la existencia de agua suficiente para atender nuevos consumos o sin ese dictamen, que es preceptivo. Los tribunales tienen sobre la mesa proyectos de envergadura, como el del Valencia CF en Riba-roja, donde se prevén 2.700 pisos, o el plan del Manhattan de Cullera, con 35 torres para 5.000 pisos en la costa.

La Comunidad Valenciana afronta el tercer verano de dura sequía con escasas reservas en los embalses y fuertes recortes a los agricultores, mientras continúa la presentación a los ayuntamientos de nuevos planes urbanísticos que incrementarán considerablemente el consumo de agua. El Gobierno advierte de que los constructores deben asegurar, antes de construir, que saldrá agua de los grifos.

Las competencias de ordenación urbanística están en manos de los ayuntamientos y la Administración autonómica, pero la subdelegación del Gobierno en Valencia ha encontrado una vía para intentar frenar desarrollos desmedidos en la Ley de Aguas, que desde 2005 exige que los planes incluyan obligatoriamente un informe sobre la reserva suficiente de recursos hídricos. También la normativa de la Generalitat valenciana requiere estos dictámenes. Sin embargo, permite la opción de que sean empresas de suministro de agua las que demuestren que hay recursos disponibles, y considera que los estudios de la CHJ no son vinculantes. El Consell que preside Francisco Camps, del PP, ha aprobado así actuaciones urbanísticas con resoluciones de entidades privadas, a pesar del dictamen negativo de la CHJ, que es el organismo del Ministerio de Medio Ambiente encargado de la gestión de ríos y acuíferos en Valencia, Castellón y parte de Alicante. También ha dado vía libre a proyectos sin que la CHJ se pronunciara sobre ellos.

Proyectos recurridos

El enfrentamiento por la validez y la competencia sobre los dictámenes se dirime ahora en los tribunales, donde el Gobierno ha recurrido ya una docena de actuaciones urbanísticas que han entrado en la fase final de aprobación por parte de la Generalitat. Según estimaciones de este diario, los contenciosos afectan a un mínimo de 15.000 residencias. En la lista figuran, entre otros, el plan del Valencia CF en Riba-roja, con 2.700 viviendas y una ciudad deportiva, y el Manhattan de Cullera, con 5.000 viviendas en 35 rascacielos e informes negativos de varios organismos estatales.

Este proyecto, pendiente de la aprobación definitiva, ha sido recurrido ya dos veces, aunque de momento los tribunales han rechazado paralizarlo. También están recurridos un programa de actuación integrada (PAI) con 4.400 casas y campo de golf en Benaguasil; una urbanización de 200 casas en Ador; un plan de 450 en Gilet y otro plan en Cullera con unos 3.000 pisos, en este caso porque invade dominio de Costas y áreas inundables. Un gran polígono industrial en Alzira figura, asimismo, entre los proyectos que no han demostrado suficiencia hídrica. La subdelegación del Gobierno plantea objeciones, además, a la tramitación del plan general de Llaurí y de Venta del Moro.

Todos los casos afectan de momento a localidades de Valencia, pero las impugnaciones se extenderán a Castellón y Alicante a medida que se aprueben nuevos proyectos sin garantía de abastecimiento, advierte el subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez.

En el punto de mira de la Administración central están, por ejemplo, el plan Rabassa en la ciudad de Alicante, con 15.000 viviendas y un primer dictamen negativo de la Confederación, y un PAI en Benicàssim (Castellón) con 2.500 casas y campo de golf. El Ejecutivo socialista destaca que los nuevos desarrollos no sólo deben demostrar la disponibilidad de agua, sino los derechos de uso y la capacidad de financiar las infraestructuras necesarias para llevar los recursos hasta las futuras viviendas.

La respuesta de los jueces a las peticiones de suspensión cautelar de los planes recurridos ha sido dispar. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano paralizó de forma provisional el plan de Riba-roja y la urbanización de Ador, pero posteriormente levantó la suspensión al aportar la Generalitat nueva documentación. El TSJ, no obstante, ha desautorizado que se aprueben operaciones urbanísticas sin agua acreditada, y en el caso del PAI del Valencia CF en Riba-roja ha advertido de que será en la sentencia, al analizar el fondo del asunto, cuando decida si son suficientes las reservas. Otro contencioso se refiere a un PAI en Villalonga con 4.000 residencias y dos campos de golf, pero el TSJ ha advertido al Ejecutivo que se ha adelantado y debe esperar a que termine de tramitarse para recurrirlo.

El Ejecutivo insistirá en algún caso ante el Tribunal Supremo en lograr la paralización provisional de los proyectos. La Generalitat denuncia que el Gobierno se opone "por sistema" a nuevas urbanizaciones, para las que considera que hay agua, y denuncia una escasez de la que culpa a la política hídrica del ministerio y clama por el derogado trasvase del Ebro. El gobierno valenciano resalta que el TSJ ha aceptado en varias resoluciones que las necesidades se justifiquen con estudios privados.