El Abogado del Estado ve defectos en la sala que juzga a Batasuna

La Sala Especial del Tribunal Supremo, la encargada de aplicar la Ley de Partidos y de ejecutar la sentencia de la ilegalización de Batasuna, se constituyó de forma "defectuosa e irregular", lo que, en sus futuras actuaciones, puede tener "graves consecuencias" si se invoca en el proceso de liquidación de Batasuna o por las candidaturas que pretendan suceder al partido ilegalizado. Así lo afirma el Servicio Jurídico del Estado en un informe dirigido al ministro de Justicia.

El informe, firmado por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, afirma que al haberse incorporado a la Sala de lo Civil el magistrado Antonio Salas Carceller como magistrado más moderno, cuando, en cumplimiento del artículo 347 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debería haber sido la catedrática Encarnación Roca por no pertenecer a la carrera, la constitución de la sala debe reputarse jurídicamente "defectuosa e irregular".

De no subsanarse dicha irregularidad, los actos jurisdiccionales futuros de la Sala Especial quedarían viciados y "serían jurídicamente atacables, con graves consecuencias". El Abogado del Estado menciona la "previsible invocación" del derecho al juez predeterminado por la ley "por cualquiera de las partes afectadas por la ejecución 1/2003 y procesos acumulados 6 y 7/2002", es decir, el proceso de ilegalización de Batasuna.

De persistir la irregularidad, los actos procesales que vaya a dictar en el futuro la sala irregularmente constituida serían susceptibles de generar invalidez una vez que sean indicados por alguna de las partes.

"La trascendencia material, la importancia social y la repercusión sobre los derechos fundamentales de representación y de sufragio activo y pasivo de competencias en lo relativo a procedimientos de ilegalización de partidos políticos, militan a favor de la tesis de atribuir en el futuro virtualidad invalidante al defecto", señala el informe.

Dicha irregularidad, según el Servicio Jurídico del Estado, puede ser subsanada a través de una revisión de oficio por el procedimiento previsto en la ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas: declaración de lesividad e impugnación ante la jurisdicción contenciosa. Sin embargo, si los magistrados afectados prestan su consentimiento a la revisión de oficio, no sería necesaria la declaración de lesividad.

De hecho, uno de los magistrados afectados, Antonio Salas, anunció en la reunión de ayer de la Sala Especial su intención de impugnar el orden en que ha sido inscrito en el escalafón. Según fuentes jurídicas, Salas Carceller, como magistrado más moderno, ha accedido a la Sala Especial pero a cambio de quedar situado en el escalafón dos puestos por detrás de la magistrada Encarnación Roca, lo cual puede perjudicarle en su día para presidir una sección de la Sala de lo Civil. Por ese mismo motivo, el magistrado José Antonio Seijas Quintana se estaba planteando también pedir que se corrija su puesto en el escalafón, según las mismas fuentes.

El Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia que dirige Mariano Fernández Bermejo, agrega que si la irregularidad en la composición de la sala deriva de un acto meramente material, como es la convocatoria que se haga a los magistrados para cada sesión de la Sala Especial, bastaría que respecto a las futuras sesiones se dispusiese la composición de la misma de forma jurídicamente correcta. Respecto a los actos jurisdiccionales realizados hasta la fecha por la sala, carecen de trascendencia invalidante ya que no han sido cuestionados por ninguna de las partes.