La UCE pide que se ponga plazo a los peritos del 'caso Fabra'

Un año después de que se designaran los peritos para analizar los datos contables, fiscales y bancarios del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y de su familia, el juzgado no ha recibido informe alguno. De hecho, los peritos, inspectores de Hacienda, "han procedido únicamente al examen de las actuaciones" realizadas hasta ahora en el llamado caso Fabra por el que el líder del PP provincial está siendo investigado de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un posible fraude fiscal. Por ello, la acusación popular, representada por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) ha presentado un escrito al juzgado de instrucción número 1 de Nules, que instruye la causa, en el que reclama el establecimiento de un calendario para la elaboración del informe pericial que se acordó encargar hace ya dos años.

En su escrito, la UCE sostiene que la elaboración del informe "ha producido la paralización de la causa" ya que ha habido pruebas que han sido denegadas, de momento, a la espera del resultado del examen pericial. Indica que "la tramitación del procedimiento no puede quedar en manos de los peritos, puesto que únicamente corresponde al juez instructor". Por ello, reclama que se fije un plazo para la finalización del informe y que, por otra parte, los inspectores de Hacienda informen cada diez días de la evolución o estado del examen de los datos contables, fiscales y bancarios del presidente de la Diputación de Castellón.

Los peritos trabajaron varios meses en la causa con los datos que ya figuraban en las diligencias, como la denuncia de la Agencia Tributaria o los movimientos de las cuentas en las que Fabra aparecía como titular o autorizado. Tras la decisión de la justicia de ampliar la investigación al patrimonio y las cuentas de su esposa e hijos, la documentación "engordó" todavía más unas diligencias que irán en aumento después de que los propios peritos solicitaran ampliar su examen a una "prolija documentación", tal como expresa la UCE en su solicitud.

Una necesidad

El problema principal es que los inspectores de Hacienda que ejercen de peritos para causas judiciales han de desarrollar, al mismo tiempo, su habitual actividad, con lo que el informe para el juzgado, a no ser que la titular del mismo lo requiera en una fecha, puede eternizarse. La propia Audiencia de Castellón señaló, el pasado noviembre, que "habiéndose imputado los delitos de cohecho, malversación o tráfico de influencias, todos ellos de marcado contenido económico, la práctica de la pericial solicitada, más que una posibilidad, constituye una necesidad para el esclarecimiento de los hechos".

Sin embargo, el retraso no sólo se centra en este informe sino que también alcanza a las declaraciones de tres de los cuatro ex ministros de Aznar citados como testigos. Desde el pasado mes de julio, fecha en la que se determinó que podían prestar declaración por escrito, la diligencia aún no se ha llevado a cabo.