Blindado y transparente

En este momento hay 40 normas fiscales vascas en los tribunales ordinarios, pero no hay una sola norma fiscal navarra en esos tribunales. La razón de esa diferencia no radica en ninguna manía, sino en un hecho jurídico básico. Los navarros aprueban sus normas fiscales por el Parlamento, con rango de ley, mientras que los vascongados hemos decidido voluntariamente no aprobarlas con rango de ley, sino con rango de reglamento, a través de las Juntas Generales.

¿Y por qué hemos optado por un mecanismo tan raro y peligroso jurídicamente? Pues eso forma parte del misterio vasco y es debido al fuerte peso político del sector foralista del PNV, que se opone con rodas sus fuerzas a que el Parlamento vasco use sus poderes legislativos en esta materia, que los tiene.

Dejaríamos de ser el único país que aprueba sus impuestos con normas sin rango de ley

El PNV prefirió pasar la patata caliente al Congreso, en vez de arreglar el tema en casa

No legislar en materia de impuestos cuesta mucho al país. Las normas forales pueden ser impugnadas por cualquier persona ante los jueces de lo contencioso-administrativo, y a muy bajo coste, como nos recuerda el presidente de la patronal vasca. Por el contrario, una ley del Parlamento vasco no puede ser recurrida ante esos tribunales ordinarios, sino que solo puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional por un colectivo predeterminado de personas muy pequeño (Gobierno, 50 diputados o senadores, etc.). Además, el único contraste legal a considerar es el conjunto formado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Tratado de Unión Europea,

El resultado está a la vista. Los empresarios vecinos, que se sienten perjudicado por las normas fiscales vascas, las recurren ante los tribunales ordinarios y a veces ganan, como cuando en 2004 consiguieron anular en el Tribunal Supremo el Impuesto de Sociedades vasco vigente desde 1996, y amenazan con anular las sucesivas maniobras de las diputaciones para burlar los efectos de esa sentencia.

Los empresarios vascos, por lo tanto, están sobre ascuas, porque nadie sabe realmente cómo va a acabar este embrollo que, obviamente, afecta a su cuenta de explotación y a su estado anímico; y por lo tanto, a la eficacia de la economía.

El PNV, que ya tuvo una escisión en parte provocada por esta visión foralista en materia fiscal, decidió en 1995 no utilizar la vía del Parlamento vasco para dar garantías legales al Impuesto de Sociedades. En su lugar ha optado por una complicada operación -y a mi modo de ver, con poca base jurídica- de modificar la legislación estatal para que las normas forales, a las que púdicamente se les llama en la enmienda "actos con fuerza de ley", puedan se recurridas sólo ante el Tribunal Constitucional. Es decir, prefirió pasar la patata caliente a las fuerzas políticas del Estado, en vez de arreglar el tema en casa.

La fórmula ha fracasado. Y lo ha hecho, entre otros motivos, porque estaba basada en un concepto tan ambiguo como desconocido en nuestro sistema jurídico, como es el de considerar a las normas forales como "actos con fuerza de ley", que vaya a usted a saber lo que eso quiere decir.

Hoy, la situación parece bloqueada. La enmienda del PNV en el Congreso ha sido rechazada, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Sociedades ya es firme, pues el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo interpuesto por las diputaciones, y la negativa de EA a apoyar el nuevo tipo del 28% aprobado en una reunión del misterioso Órgano de Coordinación Tributaria ha puesto en crisis el intento foralista de aprobar con ese modelo un único impuesto en todo el país.

Por eso creo que es hora de recordar que el artículo 5 de la Ley 3/89 del Parlamento vasco dice, entre otras cosas, que "se armonizará , cuando proceda, el tipo de gravamen". Y, evidentemente, procede armonizar el tipo del impuesto, tanto para evitar que cada diputación ponga un gravamen diferente, como para dar estabilidad jurídica a ese nuevo tipo.

No hay que olvidar que esa ley 3/89 tiene el significativo título de "Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración fiscal", y su aprobación se hizo precisamente para dar contenido al artículo 41-2 a) de nuestro Estatuto de Autonomía, que dice que las normas fiscales que aprueben las diputaciones se harán "atendiendo a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración (...) que dicte el Parlamento Vasco".

De paso, además del blindaje del Concierto Económico, con esta intervención del Parlamento vasco obtendríamos algunos otros beneficios colaterales bien buenos para la calidad de nuestra democracia. Por ejemplo, dejaríamos de ser el único país del mundo que aprueba sus impuestos con normas sin rango de ley, cuando precisamente la figura del Parlamento surge en la Edad Media para imponer la obligación de que las normas fiscales se aprueben por éste y no por el Ejecutivo.

Además, se conseguiría transparencia democrática en las decisiones, pues cada partido se vería obligado a justificar públicamente qué tipo propone para el Impuesto de Sociedades, sea el 24%, el 28%, el 30% ó el 32,5%., y los estudios en los que se basa, así como asumir el voto de la mayoría de los parlamentarios. Algo bien al contrario de lo que ocurre hoy, donde nadie sabe quién fija el tipo, pues el fantasmal Órgano de Coordinación Tributaria es un ente que solo reúne a funcionarios del Gobierno y las diputaciones, que no dan cuenta a nadie y cuyos informes de trabajo, si existen, son desconocidos. También se acabará con el chantaje actual a los junteros, que no pueden votar libremente con la excusa de que en las otras dos diputaciones "van a votar" otra cosa y, claro, no es posible tener tres tipos diferentes en una comunidad tan pequeña.

A lo dicho. Existe una solución facilísima para tener el Concierto Económico blindado y transparente. Parece un milagro de la técnica, mal que les pese a los foralistas.

Javier Olaverri es abogado y fue parlamentario de Euskadiko Ezkerra.