De la Vega apacigua la guerra en el cine

En La Moncloa se podía haber rodado ayer una película con una protagonista indiscutible: la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Los ecos de la guerra desatada en el sector cinematográfico tras la presentación, a finales del año pasado, del borrador de la Ley del Cine por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, comenzaron ayer a suavizarse tras la intervención directa de la vicepresidenta.

Los productores consiguieron ayer una de sus eternas reivindicaciones

"Ha sido una reunión breve y correcta, con voluntad de consenso", dice González Macho

En La Moncloa se podía haber rodado ayer una película con una protagonista indiscutible: la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Los ecos de la guerra desatada en el sector cinematográfico tras la presentación, a finales del año pasado, del borrador de la Ley del Cine por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, comenzaron ayer a suavizarse tras la intervención directa de la vicepresidenta. Como si de una consulta privada se tratara, fue recibiendo por separado y desde las cuatro de la tarde y hasta bien entrada la noche a representantes de los productores, exhibidores, directores de cine, televisiones y distribuidores. Aspiraba a encontrar puntos de consenso. Para ello, el Gobierno ha cedido en algunas de las cuestiones más espinosas. A los productores les ofreció desgravaciones fiscales, a las televisiones, el mantenimiento de la inversión en un 5%, en lugar del 6% previsto en el texto y a los técnicos la garantía de que ninguna productora con deudas con los trabajadores recibirá subvenciones. Sin embargo, la cuota de pantalla, para preservar la industria cinematográfica española, y cuestionada por la mayoría de los exhibidores, se mantendrá.

A las reuniones maratonianas pero distentidas asistieron, además de la vicepresidenta, la ministra Carmen Calvo, el subsecretario de Cultura, Antonio Hidalgo, y el director del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Fernando Lara, además de los jefes de gabinete de Presidencia y Vicepresidencia, José Enrique Serrano y Fernando Escribano, respectivamente.

El anteproyecto de Ley del Cine será debatido el próximo viernes en el Consejo de Ministros. El texto, una vez superado el informe del el Consejo de Estado, volverá al Consejo de Ministros, a finales del mes de abril, para su remisión a las Cortes.

Los productores consiguieron ayer una de sus principales y eternas reivindicaciones, rechazada desde siempre por las distintas administraciones: las desgravaciones fiscales para los inversores financieros. Según la propuesta del Gobierno, podrán desgravarse hasta un 18% de su inversión económica, el mismo porcentaje que pueden aplicar los productores audiovisuales. Esta desgravación se hará mediante la fórmula jurídica de agrupaciones de intereses económicos. De esta desgravación se podrán beneficiar no sólo los inversores financieros, sino también las televisiones.

El principal escollo planteado por las televisiones respecto al anteproyecto de ley de Cultura fue la subida de un punto en la obligación de invertir en cine. Frente al 5% de los ingresos brutos anuales, en vigor desde 1999, el texto presentado situaba esta obligación en el 6%. Tras la reunión de ayer, las cadenas privadas lograron que el Gobierno diera marcha atrás en este punto y se mantuviera únicamente el 5%. Por parte de las televisiones asistió una nutrida representación: Alejandro Echevarría (presidente de Tele 5), Paolo Vasile (Tele 5), Maurizio Carlotti (consejero delegado de Antena 3), José Miguel Contreras (La Sexta) y Jorge del Corral (secretario general de Uteca, entidad que agrupa a los operadores privados). El tono de esta reunión, a priori la más difícil de las mantenidas ayer, fue cordial, franco y leal, según uno de los asistentes.

La vicepresidenta se comprometió a enviar el próximo miércoles un documento con las modificaciones que afectan a las televisiones. A su vez, los operadores comerciales elaborarán un informe para poder ser estudiado en el Consejo de Ministros de este viernes. Según fuentes consultadas, el Gobierno va a proponer medidas de flexibilidad a la hora de distribuir ese 5% al que están obligadas las televisiones, aunque están todavía sin concretar. El Gobierno es consciente de que las televisiones, que son la principal fuente de financiación del cine, (en los últimos siete años han destinado cerca de 800 millones de euros) no pueden quedar enfrentadas a la industria cinematográfica. De ahí el interés en buscar puntos de consenso sobre todo con el sector de la producción. "Estudiaremos el documento que nos remitan desde vicepresidencia con cariño e interés. Con la vicepresidenta siempre hemos tenido excelentes relaciones, franqueza en el diálogo y lealtad en los compromisos", aseguró Jorge del Corral.

Otra de las peticiones a las que ha respondido el Gobierno es la formulada por los técnicos de cine, a través del sindicato Técnicos Audiovisuales Cinematográficos de España (TACE), para que las empresas productoras de cine que tengan deudas con los trabajadores no puedan acceder a las ayudas o subvenciones del Ministerio de Cultura. Hasta ahora, sólo las productoras que tenían deudas con Hacienda o con la Seguridad Social no podían acceder a ayudas.

Con esta decisión de ampliar este control también a las productoras que deban dinero a los trabajadores se salda una de las situaciones más injustas de la industria audiovisual. En muchas ocasiones, desaparecían productoras dejando deudas importantes y luego esos mismos empresarios seguían operando en el sector con diferente nombre. A pesar de esto, los técnicos agrupados en TACE no habían sido convocados a las reuniones de ayer en La Moncloa. "Nos parece una medida estupenda, porque era uno de los fines que nosotros hemos perseguido siempre, pero nos hubiera gustado dialogar con la vicepresidenta de este problema y de otros tantos que nos preocupan", aseguró ayer Joaquín Manchado, secretario en funciones del sindicato.

También la Asociación de Industrias Técnicas del Audiovisual Español (AITE) había demandado soluciones para atajar los conflictos planteados y el daño a la industria que genera "la gente que no paga". A esta tanda de reuniones en La Moncloa también asistieron los directores de cine, agrupados en la Asociación de Realizadores y Productores Audiovisuales (ARPA) y los distribuidores independientes. Por parte de los cineastas, estuvieron presentes Agustín Díaz Yanes, Manuel Gómez Pereira (vicepresidente de la Academia de Cine), Gracia Querejeta y David Trueba. En representación de los distribuidores independientes acudieron Pedro Zaratiegui (Golem), Andrés Martín (Vértigo), Miguel Morales (Wanda) y Enrique González Macho (Alta Films). "Ha sido una reunión muy breve y correcta. Fernández de la Vega ha subrayado la voluntad del Gobierno de alcanzar el máximo consenso posible, pero que para poder satisfacer a todos los sectores tiene que haber cesiones por parte de todos", aseguró González Macho.

Los problemas en torno a la Ley del Cine se remontan al 28 de diciembre pasado, cuando la ministra de Cultura presentó por sorpresa un borrador que no había sido debatido con los agentes del sector, ni consensuado con otros departamentos ministeriales. El borrador, un claro espaldarazo a los productores, distribuidores y exhibidores independientes, desató una guerra en el sector, principalmente en el de las televisiones, que se rebelaron contra la pretensión de incrementar la inversión del 5% al 6% en la industria cinematográfica.

A esto se añadía el hecho de que las productoras participadas por televisiones no podían recibir ningún tipo de subvenciones si no coproducían con empresas independientes todos los filmes. Este modelo hubiera impedido la producción en los términos en los que se hizo el año pasado de grandes éxitos de películas como Alatriste o Los Borgia, financiadas en gran medida por Tele 5 y Antena 3, respectivamente.