El alcalde de San Sebastián de los Reyes, imputado por prevaricación

El alcalde de San Sebastián de los Reyes, José Luis Fernández Merino, del PSOE, declara hoy como imputado por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos, según informa Europa Press.

El juez investiga las posibles irregularidades cometidas por el alcalde en la colocación de vallas publicitarias cerca de carreteras en terrenos calificados como no urbanos, y en la concesión de los monopostes a empresas supuestamente vinculadas con los socialistas.

El caso se instruye en el Juzgado de Instrucción número 7 de Alcobendas y se encuentra en diligencias previas.

También están citados a declarar como imputados el actual concejal de Servicios y Obras, Julián Guijarro, del PSOE, el ex edil de Obras e Infraestructuras Julián Martínez, del PSOE, y el secretario de Organización de los socialistas de San Sebastián de los Reyes, Saturnino Ureña.

La denuncia la interpuso una empresa concesionaria de los soportes publicitarios hasta 2002, al considerar que el Ayuntamiento le había perjudicado.

El ministerio ha abierto desde 2004 10 expedientes sancionadores contra las empresas que gestionan los soportes publicitarios en la localidad. El Ayuntamiento autorizó las instalaciones mediante convenios, aunque sin licencia urbanística. Las sociedades pagaban a cambio un canon anual.

Alcalde

El alcalde sostiene, por su parte, que el PP está detrás de la denuncia. Fernández afirma que los populares utilizan el tema de las vallas ilegales para sacar rédito político con vistas a las próximas elecciones municipales.

El regidor puntualiza que él no ha intervenido nunca en los hechos, por tanto es imposible que haya podido incurrir en un delito de prevaricación. "Cuando tuvieron lugar los hechos denunciados yo no era alcalde, ni concejal de contratación, por tanto no tengo nada que ver".

El PP indica que están dispuestos a personarse como acusación particular. Los populares calculan que existen alrededor de 20 vallas situadas a ambos lados de la autopista A-1, a la altura del kilómetro 18, que son ilegales.

Explican que su decisión se debe a que la situación no ha hecho más que empeorar debido a que el Ayuntamiento no ingresa por las vallas y tampoco convoca un concurso para su gestión.

Hasta noviembre de 2002, el Ayuntamiento convocaba concursos públicos para la explotación de los postes publicitarios. A partir de esa fecha, el Consistorio cambió de fórmula y se decantó por el procedimiento negociado. El contrato recayó en una empresa supuestamente vinculada a los socialistas.

En 2005 el Ayuntamiento dejó de lado el procedimiento negociado y volvió a modificar el método de adjudicación. Dejó de cobrar por las vallas y optó por volver al concurso público.