La Guardia Civil imputa delitos ecológicos a Horacio Gómez y al alcalde de Tomiño

El ex presidente del Celta ocupó un monte para una plantación de vino sin tener licencia

Hasta cuatro delitos -prevaricación, contra los recursos naturales el medio ambiente y la ordenación del territorio- pueden derivarse de la tramitación del expediente urbanístico de Viñedos Vilachán S.L. por parte del actual equipo de gobierno del PP de Tomiño y de la sociedad que administra el que fuera presidente del Celta y concejal de Vigo, Horacio Gómez. Una denuncia de la Guardia Civil sostiene que existen presuntas ilegalidades en las actuaciones acometidas por la empresa entre 2002 y 2005 y que fueron consentidas por el ayuntamiento.

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Los permisos municipales y las preceptivas autorizaciones de la Administración autónoma de entonces fueron concedidos más de dos años después de que Viñedos Vilachán convirtiese la ladera de un monte en la primera plantación de albariño de Galicia, que ya figura entre las quince mayores de Europa.

Según los informes de la Guardia Civil, además podrían existir irregularidades en la modificación puntual del planeamiento urbanístico de Tomiño mediante la cual se recalificaron los terrenos y se catalogaron como de protección agropecuaria. Un expediente administrativo que fuentes de la investigación califican de "caótico", y que pone en evidencia "cómo los permisos iban por detrás de las obras", hasta el punto de que la recalificación de esta enorme parcela y el estudio de impacto ambiental fueron aprobados por el Ayuntamiento y la Xunta después de que la empresa levantase la plantación, construyese pistas de acceso, muros y terrazas "cambiando la fisonomía del paisaje".

La denuncia fue admitida a trámite a finales de 2005 por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui, María del Carmen García Campos, quien no ha tomado todavía ninguna medida cautelar, a la espera de analizar todo el expediente que la magistrada solicitó a Política Territorial. Además de Horacio Gómez, en estas diligencias previas aparecen imputados el alcalde José Luis Fernández Lorenzo y el aparejador municipal Pablo Ortega Gómez, por presunta prevaricación, aunque también se hace extensiva a los miembros de la corporación que en agosto de 2004 votaron a favor de la aprobación provisional de la recalificación de los terrenos cuando los viñedos ya se habían plantado.

La odisea burocrática se remonta al 22 de enero de 2002, cuando la empresa solicitó la licencia para la roturación de 25 hectáreas. Un año antes, la Consellería de Medio Ambiente y la Dirección Xeral de Montes habían autorizado a Viñedos Vilachán el cambio de cultivo de forestal a labranza, lo que permitió a la comunidad de montes ceder a la empresa los terrenos mediante una concesión a 30 años. El 6 de abril, obtuvo la licencia de roturación, pero cinco meses después vecinos de Vilachán,pueblo natal de Gómez, denunciaron que las obras en la ladera del monte Galego se desprendían derrumbes de tierra y lodos. Un atestado con fecha 4 de septiembre de la Policía Local confirma que el desmonte no se ajustaba a la licencia.

Un mes después, el aparejador constató múltiples anomalías sobre el terreno, como la construcción de muros, terrazas y pistas asfaltadas, obras, advertía el técnico, que serían legalizables con la autorización de Medio Ambiente. La denuncia obligó a la alcaldía a decretar la paralización de las obras, en un escrito del 22 de octubre, pero tres días más tarde, en un segundo atestado de la policía local, se denunció que la empresa proseguía con las obras que el alcalde nunca llegó a precintar.

A raíz de aquella denuncia vecinal intervino la Confederación Hidrográfica, que advirtió alteraciones en los cauces fluviales, entre otras irregularidades, y sancionó a la empresa con 240 euros, además de obligarle a dejar el terreno en su estado original. Si embargo Medio Ambiente no actuó ni aportó ningún informe al ayuntamiento, a pesar de las denuncias que insistentemente también se hicieron desde la asociación ecologista del Baixo Miño, Anabam.

Así, y con los únicos permisos de roturación, el Seprona constató que la empresa no sólo prosiguió con las obras sino que acometió la plantación de los viñedos. Sólo la bodega y otras servicios de labranza no se han podido acometer porque el proyecto no tiene aún los permisos de Urbanismo. Un proyecto que preveía lujosas instalaciones, incluidas habitaciones y restaurante, pero que nunca se llevó a cabo.

Pese a la denuncia, tanto el Ayuntamiento como la empresa coinciden en señalar que ya "tienen todos los papeles en regla" y que el expediente fue aprobado por la Consellería de Medio Ambiente en 2005, antes de entrar el actual Gobierno.

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