Igualdad en marcha

La ley de Igualdad aprobada por el Congreso es una de las iniciativas políticas llamadas a tener mayor impacto sobre la sociedad española, y particularmente sobre la mitad femenina de la misma. Incluye medidas de aplicación transversal en múltiples aspectos sociales e incide también en otros educacionales y culturales que contribuyen a perpetuar la discriminación. España se convierte ahora en un referente internacional en un terreno en el que, incluso en los países con más tradición de lucha en favor de la igualdad, cuesta mucho avanzar. Las inercias y la falta de voluntad política se alían con demasiada frecuencia para cerrar el paso a las mujeres, independientemente de su preparación.

El Gobierno de Zapatero ha hecho gala de la voluntad política suficiente para revisar los modelos organizativos de buena parte de las estructuras sociales y laborales. Cabe destacar que en esta batalla ha tenido el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, con excepción del Partido Popular, cuya abstención se compadece poco con las proclamas en favor de la igualdad con que adorna sus intervenciones públicas. Dice el PP que la ley se queda corta, y probablemente lo sea en algunos aspectos, pero desde luego es mucho más de lo que el partido conservador legisló mientras estuvo en el Gobierno. Su principal objeción radica, en realidad, en que no acepta la exigencia de paridad -que ningún sexo tenga menos del 40% y más del 60% de representación- en los órganos de decisión. La medida afecta sobre todo a las administraciones y organismos públicos, que deberán aplicarla de inmediato, pero también a la empresa privada, que tiene ocho años para adaptarse a ella.

Desde algunos sectores se ha tachado la ley de intervencionista. Obviamente sería mucho mejor no tener que forzar la paridad, pero años de reconocimiento legal del derecho constitucional a la igualdad no han sido suficientes para avanzar sustancialmente ni en los organismos públicos ni en el sector privado. Y no se avanza pese a que es evidente que la vieja excusa de que no hay suficientes mujeres preparadas es un camelo. Las hay, y en muchos ámbitos, más preparadas que los hombres, que ahora ocupan los cargos sin haber sido sometidos nunca al humillante escrutinio de ver cuestionada su capacidad por el hecho de ser hombres. Del mismo modo, llevamos suficientes años de democracia como para pensar que la presencia femenina en las listas electorales aumentará por la simple fuerza de su empuje y la demografía. Se ha avanzado, pero no suficiente. Lo deseable sería que la inercia social haga rápidamente innecesarios los métodos coercitivos.