La Generalitat envía 650 folios de alegaciones contra el recurso del PP

Pese al laberinto jurídico en que se encuentra el Estatuto catalán, la Generalitat constituyó ayer la comisión de seguimiento que velará por el desarrollo del texto y que incluye a representantes de todos los partidos, incluido el PP. La comisión se reunió ayer por primera vez presidida por el consejero de la vicepresidencia, Josep Lluís Carod, que reiteró su convencimiento de que el Estatuto respeta la Constitución. Así lo defiende la Generalitat en los 650 folios de alegaciones a los recursos del PP y del Defensor del Pueblo remitidos al Constitucional.

Las afirmaciones de Carod se basan en las alegaciones que la Generalitat ha presentado al Tribunal Constitucional tras la admisión a trámite del recurso del PP. Éstos son algunos de los razonamientos de los servicios jurídicos del Gobierno catalán para defender la legalidad del texto.

- Nación. La Generalitat defiende que Cataluña pueda definirse como nación basándose en el carácter "polisémico" de esta palabra "tanto desde el punto de vista cultural como político o jurídico". Así, insiste en que "mientras no se vincule el término nación al de Estado o soberanía no está en contradicción con el artículo 2 de la Constitución". Y recuerda que el artículo 147.2 de la Carta Magna establece que los estatutos deben fijar la denominación de la comunidad "que mejor se ajuste a su identidad histórica".

- Derechos históricos. La propia Constitución, afirman los abogados de la Generalitat, justifica la existencia de comunidades en su historia diferenciada, y que ello debe reflejarse en los estatutos.

- Lengua. Se defiende la plena constitucionalidad de la equiparación del catalán y el castellano y de que el conocimiento de ambas lenguas sea obligatorio. Esto, afirma la Generalitat, "no discrimina la lengua castellana y respeta el principio de igualdad de los ciudadanos en cuanto al ejercicio de su derecho a utilizar la lengua oficial de su elección con los mismos efectos jurídicos".

- Financiación. Contra lo que mantienen los recursos del PP, la Generalitat defiende la legalidad del redactado, especialmente en lo que se refiere a los principios constitucionales de coordinación y solidaridad. Los abogados de la Generalitat mantienen que el Estatuto catalán se limita a establecer "criterios objetivos que deben seguir dicha solidaridad y coordinación, y la necesidad de incluir el principio de transparencia en las relaciones financieras del Estado y cada una de las comunidades". Sobre la legalidad de establecer límites a la solidaridad, la Generalitat alega que "la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas ha contenido siempre preceptos, que, en cuanto fijaban parámetros de solidaridad, la limitaban".

- Inversión del Estado. El Estatuto fija que el Gobierno central deberá invertir en Cataluña la parte proporcional al PIB de esta comunidad. La Generalitat rechaza que ello pueda resultar un "privilegio", y asegura que responde a una "finalidad legítima" de "compensar el déficit de inversiones en materia de infraestructuras del Estado en Cataluña".

Ayer, la primera reunión del consejo para el impulso estatutario, un órgano de consulta entre Gobierno catalán y partidos, concluyó sin ningún acuerdo de calado al limitarse tan sólo a hacer un repaso de las negociaciones celebradas entre los ejecutivos central y catalán.