El juez concluye tras más de tres años la causa de la Hacienda de Vizcaya

El juzgado de Bilbao que desde finales de 2003 investiga al antiguo jefe de la Inspección de Hacienda de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, ha finalizado la instrucción del caso de un supuesto trato a favor a contribuyentes. El juez ha tomado declaración a 122 personas, además de los cuatro imputados. La fiscalía, que realizó la acusación, presentará ahora su escrito de calificaciones. El sumario supera los 51.000 folios.

La instrucción de esta causa comenzó el 4 de diciembre de 2003, después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao aceptase una querella de la Fiscalía del Tribunal Superior vasco. En ella se acusaba al entonces máximo responsable de la Inspección de Hacienda de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, de delitos de prevaricación, falsedad en documento público oficial, infidelidad en la custodia de documentos y desobediencia. Todo ello, por un supuesto trato a favor de 116 empresas, pertenecientes a cerca de 25 contribuyentes, que figuraban como sujetos a inspecciones, aunque estas no se realizaban. De aquel grupo, separó, al poco de ser inquirido por sus superiores, a cerca de 40 compañías. Otros tres funcionarios de la Hacienda foral (un inspector, un subinspector y la jefa de Documentación) fueron también imputados en el caso por colaboración necesaria.

El titular del juzgado ha tomado declaración desde el inicio de la instrucción a 126 personas (los cuatro imputados y 122 ciudadanos más) y ha requisado 611 documentos informáticos. El sumario supera los 51.000 folios. Entre las personas que han declarado ante el juez están los anteriores responsables políticos de la Hacienda de Vizcaya -el entonces diputado foral Javier Urizarbarrena y el director Javier Muguruza-, una veintena de funcionarios de la Inspección, asesores fiscales y las personas que figuran en la lista de contribuyentes supuestamente protegidos.

Las diligencias incluyen un informe pericial, encargado a dos inspectores de la Hacienda del Estado, que suma 352 folios, a los que se unen otras 84 páginas de anexos, en las que se analiza el programa informático para impedir la apertura de inspecciones fiscales a los contribuyentes. Hasta ahora ha persistido la duda sobre el móvil que llevó a Ibarra a actuar de esta manera irregular, ya que en la lista de empresas y contribuyentes figuran de todas las simpatías políticas.

Empresas en crisis

En sus declaraciones ante el juzgado, Ibarra ha admitido que controlaba un listado especial de contribuyentes, pero explicó que lo hacía para proteger a empresas en crisis o para ofrecerles un mayor grado de confidencialidad. El ex responsable de la Inspección fiscal ha sostenido que el listado era una "agenda personal para obtener información" sobre dichos contribuyentes y ha rechazado cualquier trato de favor a estos, pese a que sólo él podía acceder a sus datos mediante la manipulación informática.

La Diputación de Vizcaya se desmarcó desde el principio de este caso al asegurar que las actuaciones de los imputados fueron "personales". Sin embargo, no se ha resuelto la duda de cuándo conoció el actual equipo de la Diputación las actuaciones irregulares de uno de sus máximos responsables fiscales. La institución foral aseguró que realizó una amplia inspección de las cuentas de los contribuyentes supuestamente protegidos, aunque el resultado de estas comprobaciones no se ha hecho público.

Los primeros indicios de estas anomalías se remontan a octubre de 2002, cuando los responsables del Departamento de Hacienda de Vizcaya descubrieron las primeras irregularidades en la Inspección Fiscal. En noviembre de ese mismo año, un funcionario de la Inspección envío un informe a la Fiscalía Anticorrupción. En mayo de 2003, la policía se personó en las oficinas de la Hacienda foral para comunicar el inicio de una investigación dirigida por Anticorrupción. Se requirió numerosa documentación y se accedió a la lista de contribuyentes protegidos.