Rajoy, Otegi, Zapatero

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ya ha adelantado que su siguiente batalla tendrá que ver con la permisividad, que da por hecha, del Gobierno ante la participación electoral de Batasuna; el líder de esa formación ilegal, Arnaldo Otegi, ha dado por seguro que estarán en las elecciones del próximo mayo porque ésa es su "vocación y su derecho". El presidente Rodríguez Zapatero ha respondido que sólo podrá participar si rechaza de manera inequívoca la violencia.

El PP sigue haciendo juicios de valor contra los que nada valen las reiteradas afirmaciones en sentido contrario del Gobierno. Es una actitud perversa porque alimenta la desconfianza entre los dos partidos mayoritarios y, en la misma medida, la confianza de Batasuna en que podrá esquivar la legalidad. Esa confianza también se ve alentada por las teorías que sostienen que sin recuperar la legalidad y estar presente en las instituciones, Batasuna no podrá convencer a ETA de que desista. Ese argumento tiene de bueno que pone el acento en el papel de los batasunos ante su brazo armado, y de malo que invierte el orden lógico de las cosas: Batasuna sólo asumirá el riesgo de persuadir a ETA de que la lucha armada no tiene futuro si comprende que tampoco ella lo tiene si sigue la violencia; si comprueba que ésa es la única manera de recobrar la legalidad.

La Ley de Partidos es una norma excepcional, pero también lo es la causa que la hizo necesaria: una banda armada se dedicaba a coaccionar y matar a los miembros de los partidos competidores de su brazo político, si no se le da la razón. Ya existía la posibilidad de prohibirla en aplicación del Código Penal; la ley vino a establecer la forma de evitar que se burlase esa prohibición con fraudes diversos. Si ETA desapareciese, sería lógico derogar ese instrumento. Pero mientras siga, es una garantía mantenerla. Y para que Batasuna pueda participar en las elecciones, deberá desaparecer la causa que motivó su ilegalización: su vinculación con ETA.

No se trata por tanto de encontrar la palabra, si condena o rechazo de la violencia, sino de demostrar que renuncia a competir bajo la protección de un poder fáctico que amenaza y ataca a los demás. Es esa desvinculación lo que debe plasmarse en los estatutos de la nueva formación para poder levantar la doble interdicción: la suspensión judicial y la ilegalización. Hace bien el Gobierno en recordarlo. No porque el PP siembre la desconfianza, sino porque los ciudadanos tienen derecho a saber que no se permitirá el ventajismo que durante años ha disfrutado Batasuna, impidiendo que las elecciones se celebraran en Euskadi en condiciones de igualdad. Que eso quede claro es la mejor manera de ayudar a los sectores de Batasuna que quieren hacer política democrática y no extorsión política.