El Tribunal de Cuentas plantea un pulso con el Gobierno en la fiscalización de los Presupuestos

El Tribunal de Cuentas ha decidido realizar una fiscalización que supone un pulso político con el Ministerio de Economía y con el Parlamento. El pleno del tribunal aprobó el pasado 27 de febrero, por ocho votos a favor y cinco en contra, una fiscalización de la transparencia en la elaboración de los Presupuestos del Estado para 2007. El pasado diciembre, las Cortes rechazaron instar al Gobierno, como pedía el PP, a que ordenara a Hacienda la entrega al tribunal de documentación reclamada por éste para examinar la transparencia en la elaboración de los Presupuestos para 2006.

La nueva fiscalización ha sido propuesta por el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba, con el apoyo de los demás consejeros elegidos a propuesta del PP más el de consenso, Javier Medina, y el rechazo de los nombrados a instancias del PSOE, cada uno de los cuales ha dejado constancia de sus discrepancias en un voto particular. Es la primera vez en el actual mandato del tribunal que se produce una fractura en dos bloques. Fuentes parlamentarias interpretan que en la actitud del sector próximo al PP hay una voluntad de actuar de forma más ofensiva a medida que se acercan periodos electorales y de tomar posiciones ante la votación de un nuevo presidente del tribunal, el próximo diciembre.

La decisión de plantear de nuevo una fiscalización sobre la transparencia en la elaboración de los Presupuestos, en este caso para 2007, tiene un cierto componente de desafío político, ya que fue planteada respecto a los Presupuestos de 2006 y encontró la negativa del Ministerio de Economía -respaldada por la Abogacía del Estado- a entregar la documentación solicitada. El abogado del Estado advirtió, en un informe del 29 de junio de 2006, que "la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se circunscribe a la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos, sin que comprenda la actividad de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado por el Gobierno". La Abogacía del Estado dictaminó que la investigación que pretendía el tribunal sobre la transparencia en la elaboración del Presupuesto "excede de su función fiscalizadora".

Rechazo del Parlamento

El 24 de octubre de 2006, el Tribunal de Cuentas acordó informar a las Cortes de la no remisión por parte del Ministerio de Economía de los documentos solicitados, y expresó una queja por esa "falta de colaboración". Poco después, el 15 de noviembre, el Grupo Popular presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno a que solicitara a Hacienda la entrega al Tribunal de Cuentas de los documentos que éste le requería. Pero la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas rechazó el 19 de diciembre, por 15 votos a favor -sólo los del Grupo Popular- y 22 en contra, esa propuesta. En el debate previo, la portavoz del PP, Ana Madrazo, afirmó que "nos encontramos con que el Ministerio de Hacienda, amparándose en la interpretación estricta y cicatera, a mi juicio, de la normativa aplicable, se niega a colaborar con el Tribunal de Cuentas, negándose a entregar la documentación que le ha sido requerida". El portavoz socialista, Vallés, se preguntó el motivo del "empecinamiento del presidente del tribunal en llevar adelante ese informe [de fiscalización de la elaboración de los Presupuesto]" pese a las "dudas jurídicas y constitucionales" sobre la competencia del tribunal para abordar esa tarea.

El pleno del tribunal ha incluido también en su programa para 2007 una fiscalización en relación con Afinsa que, según cinco consejeros, excede de sus competencias. En uno de los votos particulares contra esa decisión, se advierte de que "se intenta fiscalizar a órganos y entidades del sector público -Ministerio de Economía, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores- que carecen de todo tipo de competencias en relación con la protección de los consumidores y usuarios, y actuaciones del Ministerio de Sanidad que no constituyen propiamente actividad económico-financiera del sector público".