La edil de Hacienda de Orihuela ignora el 'agujero' de 10 millones

La concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Orihuela, Paz Chazarra, del PP, eludió ayer ante el juez responsabilidad alguna en el agujero de 10 millones de euros registrado en la contabilidad municipal. Mientras, los portavoces de la oposición ratificaron la denuncia sobre ilegalidades en el proyecto de restauración del casco histórico de la ciudad. Según el fiscal, "hubo desfases de las valoraciones" en las casas rehabilitadas.

La titular del Juzgado número 5 de Orihuela, Natividad Navarro, inició la investigación de tres de las 15 causas en las que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha desglosado su denuncia contra el Consistorio por irregularidades contables y urbanísticas. Los tres sumarios hacen referencia a la restauración del casco histórico, el derribo de la casa del Inquisidor y un agujero de 10 millones de euros descubierto en la contabilidad municipal.

En relación con el tercer sumario, la juez tomó declaración, también como testigos, a la concejal de Hacienda y al jefe de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, Manuel Pons. El supuesto agujero de 10 millones de euros está recogido en un informe elaborado por el funcionario. La edil declinó cualquier responsabilidad ya achacó el desfase contable "a la dejadez del departamento de Intervención durante muchos años", precisó.

Por las dos primeras causas, la magistrada interrogó, en calidad de testigos, a los concejales Monserrate Guillén, portavoz de los Verdes, y Francisco García Ortuño. Este último ratificó su denuncia sobre supuestas ilegalidades en la oficina para la restauración del casco histórico. Dirigida por el urbanista y abogado José Vicente Escudero. Los trabajos, financiados por la Generalitat, se desarrollaron entre 1995 y 2003. El presupuesto del proyecto fue de 10,8 millones de euros. "Fue un gran fraude impulsado por el ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, y con visto bueno del alcalde Medina, cuyo fin fue dilapidar las subvenciones públicas", declaró García Ortuño. El edil ratificó en su denuncia de la existencia de mandamiento de pago por 300.506 euros no justificado. El pago fue aprobado por la comisión de gobierno el 15 de abril de 1997.

El portavoz de Los Verdes también declaró a la juez que, a su juicio, en el proyecto de las obras del casco histórico se produjeron irregularidades.

A la declaración de los testigos asistió el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. El fiscal ha solicitado al Ayuntamiento los expedientes relacionados con esas y el resto de causas para aportarlos como prueba documental de su denuncia.