La policía detiene a un concejal del PP de Alhendín por un supuesto delito urbanístico

El concejal de Urbanismo de la localidad granadina de Alhendín (5.600 habitantes), el popular Manuel Fernández, fue detenido ayer por la mañana acusado de, al menos, un delito urbanístico. Fuentes policiales explicaron que el caso está bajo secreto de sumario y no quisieron precisar las causas de la detención, si bien otras fuentes hablan de un delito urbanístico y advirtieron también de la posible existencia de un delito de cohecho. La gestión de Fernández al frente de Urbanismo ha sido objeto de numerosas denuncias en los últimos meses por parte del PSOE provincial.

El edil de Urbanismo de Alhendín fue detenido a primera hora de la mañana de ayer y trasladado a una comisaría de Granada. La detención, según fuentes policiales, ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe.

El PP en Granada abrió en 2006 una comisión para investigar desde dentro del partido la gestión urbanística en el Ayuntamiento de Alhendín después de que el PSOE hubiera denunciado públicamente varios casos de supuestas irregularidades. La investigación se cerró el pasado mes de noviembre sin que el PP encontrara nada ilegal. Las acusaciones, según los populares, obedecían a una "campaña de difamación" de los socialistas. Pero la Policía no debía tenerlo tan claro, y a media mañana de ayer detuvo en el municipio al edil de Urbanismo, Manuel Fernández, por al menos un supuesto delito urbanístico.

De todos los asuntos que ha denunciado en público el PSOE, sólo hay uno que haya llegado hasta la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque fuentes policiales no quisieron ayer precisar si la detención de Fernández está vinculada a este caso. La denuncia de los socialistas, con fecha de entrada en el registro del Ministerio Público el pasado uno de febrero, se refería al polígono industrial Merchalhendín, promovido por el grupo sevillano Tarje sobre 350.000 metros cuadrados que, hasta diciembre de 2005 eran propiedad del Ayuntamiento.

16 millones menos

Los promotores y el gobierno municipal firmaron un convenio por el que los suelos pasaban a ser propiedad de Tarje, a través de la Empresa Parque Empresarial Merchalhendín, a cambio de nueve millones de euros, 16 menos que los que valía realmente el terreno según un informe elaborado por técnicos municipales que se conoció una semana antes de que la Junta de Gobierno local ratificara la venta. El edil detenido ayer sostuvo entonces que los promotores se habían comprometido a hacer una serie de aportaciones al municipio que iban a suponer que la "inversión real" de los empresarios en Alhendín alcanzara los 27,77 millones de euros.

La denuncia del PSOE antes el fiscal advierte también de que el Ayuntamiento permitió que las obras se iniciaran y se ejecutarán durante año y medio a pesar de que el técnico municipal dictaminó en contra de la concesión de licencia. El alcalde, José Guerrero (PP), ordenó después que se paralizaran los trabajos, aunque los socialistas aseguran que estos continuaron.

La venta de suelo municipal por debajo de su valor real es también la base de otra de las denuncias sobre el urbanismo de Alhendín formuladas públicamente por el PSOE granadino. Según los socialistas, el Ayuntamiento vendió por 1,2 millones de euros unos terrenos que un técnico municipal valoró en 3,5 millones. Los suelos fueron comprados por la promotora Frai, para construir a las afueras del municipio 1.390 viviendas en bloques de seis plantas en una zona donde los edificios no suelen superar las dos alturas y a pesar de que el convenio inicial firmado con los promotores hablaba sólo de cuatro plantas por bloque.

Esta promoción de viviendas ha sido también objeto de otra denuncia del PSOE, según la cual la empresa constructora va a obtener 4 millones de euros de beneficio gracias a la desviación de un barranco que cruza los terrenos en los que se prevén viviendas.

Algunos medios de comunicación local han desgranado también en los últimos meses informaciones que ponían en duda la gestión urbanística del municipio y alertaban incluso de la existencia de una trama organizada en la que estaba implicado el edil detenido ayer y que perseguía conseguir beneficios económicos derivados de la actividad urbanística