Dos de los ediles del caso de Armilla dicen que no saben nada

Dos de los concejales miembros de la Junta de Gobierno Local de Armilla imputados por el caso Nevada dijeron ayer ante el juez que sus conocimientos sobre urbanismo eran mínimos y que votaron a favor de la concesión de la licencia del centro comercial porque confiaban en la actuación del alcalde.

Los ediles Miguel Ángel Porcel Terribas y Francisco de Salas Ocaña Morales declararon en calidad de imputados en las presuntas irregularidades en la tramitación de este centro ante el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco.

Esta declaración se enmarca en las diligencias previas abiertas después de que la Fiscalía del TSJA denunciara al alcalde de Armilla, José Antonio Morales, al ex concejal de Urbanismo y al resto de miembros de la Junta de Gobierno Local por presunta prevaricación, y al promotor del centro, Tomás Olivo, imputado en la operación Malaya, por un delito contra la ordenación del territorio. Olivo tiene previsto declarar hoy.

Según informaron fuentes del caso, los ediles manifestaron que votaron a favor de la concesión de la licencia a Tomás Olivo porque entendían que tenían suficientes razones para hacerlo y porque confiaban en que la actuación del alcalde, José Antonio Morales Cara, y del ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, eran lícitas.

Las fuentes indicaron que los concejales, que dijeron sentirse inocentes de lo que se les imputa, se defendieron diciendo que son los responsables de otras áreas municipales y que sus conocimientos de urbanismo "son mínimos", por lo que aprobaron la licencia en base a lo que les aconsejaron Morales Cara y Cañavate, que conocían la situación mejor.

Según el decreto de la Fiscalía por el que formuló la denuncia, los ediles miembros de la Junta de Gobierno Local de Armilla habían sido advertidos por el secretario municipal de que al no existir el "preceptivo" informe del letrado eran "personalmente responsables de la infracción urbanística a todos los efectos".