¿Falta de demanda o demanda satisfecha?

La elevada abstención registrada en el referéndum de ratificación del Estatuto de Autonomía debe ser interpretada como un indicador de que no existía una demanda social que reclamara la reforma estatutaria o, por el contrario, debe entenderse como expresión de que la demanda ya estaba satisfecha. A la primera respuesta es a la que se ha apuntado el PP antes incluso del día 18. Este ha sido el argumento que la dirección popular ha reiterado desde que se inició el proceso de reformas estatutarias con la reforma del Estatuto de Cataluña. No es necesario reformar ni la Constitución ni los estatutos de autonomía, porque las cosas están bien como están y no hay demanda ciudadana que justifique la operación de reforma.

Esta posición se llevaría a su máxima expresión cuando se puso en marcha el proceso de reforma en Andalucía y se ha mantenido, incluso después de que el PP se sumara al consenso reformador en la fase final de la tramitación en las Cortes. En la campaña del referéndum Javier Arenas nos recordaría un día sí y otro también, que la reforma no le quitaba el sueño a nadie y que era una operación de la que podría haberse perfectamente prescindido.

Tras la alta abstención registrada el 18-F, el PP ha canonizado su interpretación de la abstención como expresión de la ausencia de demanda de reforma estatutaria, a la que se ha sumado su presidente de honor, José María Aznar, quien ha dicho en Oviedo esta semana que "ha quedado demostrado" que no hay "demanda social" que reclame la revisión estatutaria, que, justamente por eso, no es una operación seria, sino una "aventura frívola".

No parece que esta interpretación encaje muy bien con los resultados que ofrecía la encuesta del Instituto Opina publicada en EL PAÍS el miércoles. Si realmente no existiera ninguna demanda social que justificara la reforma del Estatuto, es muy difícil que el 64,1% frente al 19,3% creyeran que el nuevo Estatuto supondrá mejoras para Andalucía y que se mantuviera una buena valoración de la acción del Gobierno de la Junta y de su presidente.

No es razonable que se valore positivamente aquello que los ciudadanos no demandan, sino que se les impone por sus gobernantes. No es razonable que sigan manteniendo una valoración positiva del presidente y del Consejo de Gobierno que se han empeñado en sacar adelante una reforma estatutaria que no le interesa a nadie. No hay nada que evidencie un divorcio entre los parlamentarios andaluces y españoles que han negociado la reforma y los ciudadanos que la refrendamos el 18-F. Los ciudadanos no han acudido a votar, pero están muy mayoritariamente a favor del nuevo Estatuto. No hay el menor indicador de rechazo. Siguen manteniendo prácticamente intacta la confianza en los representantes que ha tomado la iniciativa en el Parlamento de Andalucía y que han sabido culminar la negociación en las Cortes Generales.

Lo que traslucía la encuesta dada a conocer el 28-F no es un estado de ánimo de desilusión como consecuencia de un fracaso colectivo. Los ciudadanos andaluces no han vivido el 18-F como un fracaso. Si reprochan algo a sus representantes es que no hayan hecho el esfuerzo suficiente para motivar a los ciudadanos a acudir a las urnas. Pero, incluso en esto, los ciudadanos diferencian entre quienes han estado inequívocamente a favor del Estatuto y quienes lo han aprobado in extremis y con la boca pequeña o han estado en contra.

Es curioso que sea mejor la valoración del PSOE y, sobre todo, IU, los partidos que han sacado adelante el Estatuto, que la de PP y PA, que han hecho todo lo posible para que no saliera para adelante. Todo indica que los ciudadanos han quedado satisfechos con el trabajo de sus representantes y que no han considerado necesario decirlo expresamente. De ahí que sea mayor el reproche que le dirigen a Arenas que a Chaves y que sea mayor el desacuerdo con el PA que con IU.