Decepción

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dado un gigantesco paso atrás en la aplicación de un verdadero Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La demanda deducida por Bosnia-Herzegovina contra la República Federal de Yugoslavia, y posteriormente contra Serbia, por ser este país el que asumió la identidad del ya desaparecido Estado, era una ocasión propicia para que la ONU declarara por primera vez la responsabilidad de un Estado por genocidio, y no a grupos determinados o individuos concretos, como hasta ahora había hecho. Resulta indignante comprobar cómo, después de detener y juzgar a tantos cargos y militares yugoslavos por ese mismo delito en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, la Corte no encuentre pruebas suficientes para condenar a un Estado que cometió las mayores atrocidades en Europa desde la II Guerra Mundial. El Tribunal no ha sido capaz de declarar lo que todo el mundo sabe: que la masacre fue perpetrada por la República Federal de Yugoslavia, directa o indirectamente, por sus responsables políticos y militares, y que la Corte, no sabemos realmente por qué motivos, no ha tenido el valor suficiente para hacer historia y, sobre todo, justicia: condenar por primera vez a un Estado, tutelar la protección eficaz de los Derechos Humanos y reparar una injusticia histórica con un pueblo que, desde luego, jamás se tomará en serio a quienes, desde otras tribunas, proclamen la dignidad intrínseca del ser humano.