'Okupas' arrestados

Las calles del poblado de Navalquejigo, en el término municipal de El Escorial, vuelven a estar vacías. Como hace 30 años, cuando sus habitantes lo abandonaron. E igual que se las encontró un colectivo de jóvenes hace dos lustros, cuando decidieron rehabilitar algunas casas y fijar allí su residencia.

La Guardia Civil desalojó ayer por la mañana al grupo de 15 okupas de las viviendas, cumpliendo una orden del Juzgado de Instrucción de Primera Instancia de El Escorial. Están acusados de usurpación. Los agentes trasladaron a 11 a las dependencias policiales, donde prestaron declaración. Después pasaron a disposición judicial y fueron liberados tras más de 10 horas.

"Fue todo muy rápido. Nos despertaron, nos pidieron los carnés y luego nos esposaron. Después nos trasladaron al cuartelillo en autobús. Allí nos han tomado fotos y las huellas dactilares. Vamos, que estamos fichados, como criminales. Y de ahí al juzgado. Luego nos han dejado ir, yo he salido a las 19.45". Es el resumen que hace Yurena de un día que se convirtió en una pesadilla.

Todo empezó a las nueve y cuarto de la mañana, con golpes en las puertas de las viviendas. Laura, de 26 años, cuenta que estaba de visita. "Me levanté, todavía dormida y me encontré con varios guardias civiles", relata. El colectivo de okupas de Navalquejigo sabía que tendría que marcharse de las casas en las que han vivido durante años esta semana. Pero nadie les había comunicado ni el día, ni la hora.

Unos 20 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Municipal montaron un dispositivo alrededor del poblado. Nadie podía entrar ni salir. El desalojo se produjo sin testigos. "No, no pueden entrar. Por seguridad. Cumplimos órdenes", decían los agentes. Además, había preparadas más unidades en los puestos cercanos por si la operación se complicaba. No hizo falta. Los habitantes del pueblo habían avisado de que no pondrían impedimentos, y cumplieron. "Nunca hemos tenido problemas con los habitantes de Navalquejigo", dice un portavoz de la Guardia Civil.

"Cuando yo salí ya estaban todos mis compañeros en el furgón", relata Mena, uno de los pocos no detenidos. "Nos dejaron meter los perros en furgonetas para trasladarlos a otro lugar. Lo que no pudimos sacar de las casas fueron todas nuestras pertenencias", cuenta. Ahora es imposible entrar en las viviendas. Las puertas están precintadas. "Un agente nos ha dicho que en un par de días, y acompañados por ellos, podremos pasar", agrega Mena. "Ya veremos".

Una vez puestos en libertad, los jóvenes decidieron volver a la plaza del pueblo y dormir en las furgonetas. "Pero no tenemos sitio para todos. Realmente estamos en la calle", asegura Yurena.

Se enfrentan a un delito de usurpación, tras la denuncia de un propietario del pueblo. Su abogado discrepa de esta visión de los hechos y asegura que "no han usurpado nada". "Ellos entraron en un lugar deshabitado, debería ser un desahucio en precario", explica. El colectivo también critica que la orden del juez se basa en un informe municipal de 2000 que decía que las viviendas estaban en ruinas. "Eso no es cierto, antes sí estaban llenas de escombros, con los tejados rotos, pero las hemos rehabilitado y ahora están en perfectas condiciones para vivir", sostienen.