Vizcaya aplicará desde abril la norma para frenar deslocalizaciones

La Diputación de Vizcaya prevé aplicar desde el próximo abril la norma para frenar la deslocalización empresarial, que obligará a las compañías a devolver las ayudas públicas recibidas durante siete años en caso de cese de actividad, traslado a otro territorio o "reducción significativa" de su producción. El Consejo de Gobierno vizcaíno aprobó ayer la normativa, que pasará antes de un mes por las Juntas Generales para su ratificación definitiva.

La medida, que no tendrá carácter retroactivo, fue anunciada en septiembre por el diputado general, José Luis Bilbao, poco después del anuncio del cierre de la planta en Güeñes de la multinacional Reckitt Benckiser, pese a tener beneficios. Casi cinco meses después, la Diputación ha elaborado la norma, cuya "dificultad" fue citada entonces por Bilbao con el fin de que se adecue a la legalidad.

La nueva reglamentación afectará a todas las empresas que hayan obtenido ayudas públicas forales y de las fundaciones y asociaciones del ámbito empresarial, salvo subvenciones para el uso del euskera, formación y las de importe inferior a 6.000 euros. Será más amplia de lo anunciado, pues en un principio sólo se planteó aplicarla a las compañías con beneficios.

La deslocalización se define como el cese o "reducción significativa" de la actividad en el territorio o cuando en los dos años anteriores o posteriores se traslade la actividad fuera de Vizcaya por parte de la misma empresa u otra entidad "que guarde con aquella alguna relación". Con la entrada en vigor de la norma, la concesión de ayudas conllevará el "compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial" por parte de la empresa beneficiaria.

Siete años anteriores

La declaración de deslocalización obligará a la compañía a reintegrar las ayudas percibidas en los siete años anteriores, junto a los intereses de demora. "Producirá asimismo la imposibilidad para las empresas y para sus socios de obtener ayudas otorgadas por el sector público foral durante un periodo de siete años a partir de la fecha de la declaración", señaló la Diputación en un comunicado.

Vizcaya aplica ahora algunas medidas para evitar estas situaciones en el caso de la venta de suelo industrial a través de la sociedad Bizkailur, como la aplicación de una cláusula a las empresas para evitar la especulación. De esta manera, si se desprenden del terreno antes de 10 años, la institución foral se reserva el derecho a recuperarlo por el precio abonado en su día, actualizado con el IPC anual.

La patronal vizcaína, Cebek, aseguró ayer que comentará la norma cuando conozca su contenido concreto -en los próximos días será informada por la Diputación-, aunque adelantó que en lo que se debe trabajar es en atraer nuevas inversiones a Vizcaya y, en general, a Euskadi y lograr el mantenimiento de las ya existentes.