El Consell defiende que su aval es legal y no explica el destino del millón de euros

El Consell defendió ayer la legalidad del aval -de un millón de euros- concedido a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, pero no entregó la información a la sociedad estatal Acuajúcar. Los regantes explicaron que el aval es para hacer frente a los gastos financieros generados por el crédito sindicado de 75 millones que solicitaron para financiar parte del trasvase Júcar-Vinalopó. José María Marugán, consejero delegado de Acuajúcar, insistió en acceder al expediente y comprobar "si ha servido o no para financiar la guerra del agua del PP".

Los socialistas sospechan que el dinero financia la guerra del agua

"Mentiras, chantaje y demagocia". El consejero de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, se sumó ayer con estas palabras dirigidas a Acuajúcar a la avalancha de críticas del Consell. Tras reunirse en Alicante con la Federación de Obra Pública de Alicante, García Antón acusó a Acuajúcar de chantajear a los regantes y explicó que laempresa estatal indicó a los usuarios -que tenían que hacer frente a unos gastos de 700.000 euros derivados de los préstamos solicitados para pagar su parte en el trazado inicial del trasvase- que asumiría esta deuda si firmaban el nuevo contrato. Una condición que los usuarios no aceptaron.

"Es vergonzoso porque son unos regantes que están defendiendo sus derechos y los están boicoteando, los están encerrando y les exigen que, o firman o no tendrán agua nunca", añadió.

A García Antón se sumó una nota pública de la Consejería de Economía y Hacienda, en la que repite los mismos argumentos que García Antón.

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó también salió al paso de la denuncia de Acuajúcar. Los usuarios lamentaron "las presiones y chantajes" a los que se ven sometidos "por parte de algunos responsables de la empresa pública Acuajúcar". Según la Junta, el aval aprobado por la Generalitat de 950.000 euros fue prestado para hacer frente a un crédito solicitado por la Junta Central de 75 millones de euros y cuyos gastos superaban los 750.000 euros. La organización aseguró que la información sobre este aval está a diposición de Acuajúcar en la propia Junta.

El consejero delegado de la sociedad estatal, José María Marugán, insistió ayer: "Queremos que quede claro dónde está el dinero". Marugán recordó que los regantes del Vinalopó sólo han desembolsado a la sociedad estatal 18.000 euros de la primera certificación de obra del antiguo trazado del trasvase, al que se comprometieron a aportar mediante un crédito sindicato 75 millones de euros. El convenio se rompió durante la polémica por el cambio del trazado, y los regantes dejaron a deber 43 millones de euros y 900.000 de intereses. Por ello, Marugán considera justificado el interés de la empresa estatal en conocer los detalles del aval y saber "en qué se han gastado 932.000 euros [tras pagar los 18.000]", ya que sospecha que pueda haber servido "para financiar la guerra del agua". Con el nuevo proyecto, cuyas obras comenzarán en marzo, los usuarios contribuirán vía tarifas sólo cuando reciban el agua.

El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas solicitó ayer mismo información al Consell sobre el expediente relativo a la concesión del aval. La diputada Cristina Moreno formuló esta petición después de que la Consejería de Economía le haya negado a Acuajúcar información sobre el aval. La portavoz de Economía del Grupo Socialista denunció la actitud oscurantista del Consell, al negarse a facilitar toda la información relativa a este tema. "Es inadmisible y muy preocupante", apuntó Moreno.

"Ello", aseveró, "viene a confirmar nuestras sospechas de que este dinero se podría destinar a la guerra del agua que, de forma permanente, se empeñan en mantener el PP y el Consell de Camps, creando fundaciones afines para colocar a cargos del PP, como Agua y Progreso, u organizando manifestaciones, utilizando para ello a los usuarios del Vinalopó". Moreno dijo no entender "qué oscuros intereses pueden llevar a Camps a negarse a facilitar esta información". Por su parte, la coordinadora general de EU, Glòria Marcos, acusó al PP de no dar cuenta de "a qué destina el dinero de los valencianos" en este asunto, al igual que tampoco ha explicado otros gastos.