La asignatura pendiente

Vivimos en una sociedad fustigada de manera especial por la violencia. En su seno surgió y pervive ETA. Esta organización terrorista ha asesinado ya a más de 800 personas. Además, recientemente ha truncado las esperanzas acumuladas sobre su próxima desaparición. Su continuidad se manifiesta como tragedia en las víctimas de su violencia, en la deshumanización de sus militantes y en el inframundo al que condena a quienes amenaza y extorsiona.

Habitamos un país en el que escuchamos o leemos que el responsable de 25 asesinatos no muestra el más mínimo arrepentimiento o ningún atisbo de empatía para con quienes padecieron su violencia. Esta misma persona ha llegado a un nivel de deshumanización tal que ella misma se vuelve contra su integridad y su salud. Convivimos con amigos y conocidos a los que siempre -o ahora de nuevo- ha de acompañarles algún escolta. Así, sus vidas y las de sus familias padecen graves limitaciones para su desarrollo normalizado. Nos llegan noticias de que por enésima vez un grupo de jóvenes ha violado la tumba de un representante legítimo de la ciudadanía asesinado por ETA. Somos conscientes de que para una minoría de la ciudadanía de este país los métodos violentos siguen estando legitimados cuando se utilizan al servicio de pretendidos objetivos políticos.

El testimonio de las víctimas del terrorismo sólo resulta recomendable sin su presencia física

Y en este contexto me atrevo a afirmar con contundencia que, salvo experiencias puntuales y encomiables, en nuestras escuelas, institutos, colegios y universidades la educación para la paz o la cultura de los Derechos Humanos sigue siendo una asignatura pendiente. Abundan las iniciativas, pero escasean las concreciones exitosas. Se proponen o ensayan actividades para ofertar formación en la resolución no violenta de conflictos y se prueba una experiencia piloto de una unidad didáctica que incluye el testimonio escrito de una víctima cuando, contando sólo las mortales, alcanzamos ya cerca del millar.

Con cierta frecuencia nos visitan personas procedentes del Tercer Mundo empobrecido invitadas por alguna ONG. Esta organización las acerca a nuestra sociedad opulenta. Una vez aquí, no aparecen problemas para que estas personas narren sus experiencias -y las de quienes viven en sus países víctimas del hambre, de los conflictos bélicos y de la explotación- en aulas de nuestros centros educativos. Cualquier día, un joven con pasado de niño soldado en un país del África subsahariana realizará actividades como ésta. Sin embargo, el testimonio de las víctimas de la violencia terrorista en nuestra sociedad sólo resulta recomendable sin la presencia física de alguien que pueda contar su experiencia en primera persona.

Recientemente algún centro -además, de aquellos que todavía exigen uniforme- ha comenzado a regular la vestimenta con la que su alumnado acude a las clases. Se nos indica que los bañadores o las chanclas son para la playa y no para un aula de ESO o de Bachillerato. Desconozco -y me temo que o no existen o son una exigua minoría- si en un centro educativo de esta comunidad autónoma algún alumno o algún profesor han sufrido un apercibimiento, no por confundir aula con playa, sino por vestir una camiseta en la que se presenta a algún terrorista como modelo con el que identificarse o en la que se defienden gráficamente ideologías excluyentes y hasta identidades asesinas.

Preocupa sobremanera la calidad de nuestro sistema educativo. Se desea que las nuevas generaciones adquieran una formación sólida en contenidos, habilidades y actitudes. Para ello se reclama en concurso de todo tipo de especialistas para que, mediante las comisiones pertinentes, elaboren planes y programas. Pero me caben dudas de si en ellos late con suficiente fuerza las preocupaciones que tienen que ver con las expresiones concretas de la patología que padecemos. No conviene olvidar que en el ámbito de los principios las recetas suelen ser fáciles de formular. Las dificultades surgen cuando se debe aterrizar la reflexión teórica a la práctica -educativa en este caso- en una coyuntura concreta.

En los foros en los que se habla de reconciliación tras conflictos violentos o sobre la educación para la paz en sociedades con fenómenos terroristas se suele plantear la necesidad del trabajo a favor de la verdad, de la justicia y de la memoria. No son malos horizontes. Pero un horizonte de verdad en relación con el conflicto vasco tiene poco que ver con descubrir autorías o lugares ocultos donde alguien fue enterrado. Resulta mucho más necesario denunciar que en este país a personas inocentes se les ha llamado chivatos, a personas extorsionadas se les ha acusado de explotadores, a servidores públicos se les ha designado -hay quien todavía lo hace- como represores, y a demócratas se les insulta tachándoles de fascistas. ¿Forma parte de las herramientas en proceso de implantación en nuestro sistema educativo este combate contra la mentira que comenzó o pretende perpetuar la victimación de ciertos conciudadanos nuestros?

Cuando se aborda el horizonte de la necesaria reconciliación se predica en la teoría sobre su compatibilidad con la memoria dolorosa que acumula nuestra sociedad, muy especialmente en las víctimas del terrorismo. En la práctica no se distingue con claridad suficiente aquello que debe ser exigido: que los victimarios reconozcan de alguna manera el daño causado, de aquello que puede ser deseable pero nunca exigible: el perdón de las víctimas. ¿Se incluye de alguna forma en las iniciativas para el futuro currículo educativo vasco esta asimetría radical en la contribución a una futura reconciliación social?

Bastantes más ejemplos podrían presentarse. Lo que este artículo propone es que, en la medida en que la respuesta a las preguntas planteadas u otras similares sea afirmativa, caminaremos en la buena dirección. En caso contrario seguiremos contratando expertos extranjeros, convocando a reuniones a los propios y empleando recursos públicos en iniciativas que adolecerán de errores de diseño radicales. Aunque las memorias de centros educativos y de departamentos de la Administración recojan todas estas iniciativas para justificar que ya estamos haciendo todo o casi todo lo que se puede abordar en este campo.

Pedro Luis Arias Ergueta es profesor de la UPV-EHU.