Foz no anulará licencias en el plazo fijado y pide más tiempo a la Xunta

El alcalde de Foz, el socialista José María García Rivera, respondió ayer al ultimátum de la Consellería de Política Territorial anunciando que no cumplirá en el plazo previsto la orden de anular las 40 licencias de construcción de 1.350 viviendas concedidas de manera irregular en este municipio. El ayuntamiento solicitará a la Xunta que amplíe quince días el tiempo de que dispone para cumplir la orden, que se agotará el próximo viernes.

Las licencias fueron otorgadas en una junta de gobierno local el 29 de marzo de 2006, y Política Territorial decretó su nulidad al interpretar que infringen el ordenamiento jurídico vigente al haberse concedido 5 días después del pleno en el que se acordó la suspensión de licencias para iniciar los trámites de redacción de un nuevo plan general de ordenación municipal.

El plazo para hacer efectiva la nulidad concluye el próximo viernes; sin embargo, el alcalde dice que los asesores municipales sostienen que ese plazo se puede prorrogar "por ley" quince días más. Y eso es lo que hará el equipo de gobierno, que hoy lunes tiene previsto entregar un escrito en la consellería solicitando los 15 días, a los que creen que tienen derecho, para ampliar el plazo.

"Necesitamos más tiempo y los asesores dicen que tenemos derecho a ello", apuntó el Alcalde, quien afirma que no considera "ningún otro escenario" que no pase por la ampliación que permita ir más allá del día estipulado por urbanismo.

Las declaraciones de Rivera se producen un día después de que la titular de la Consellería de Política Territorial María José Caride hubiera advertido que el plazo concluye el día 23 y que para esa fecha espera que las licencias estuvieran anuladas. Con anterioridad ya había comentado que entendía que el Alcalde se tomara un tiempo para analizar la resolución, pero había expresado su convicción de que el mandatario municipal entendería que existen "motivos fundados" para que el requerimiento se haga efectivo.

Aunque Rivera confía en la ampliación del plazo, reconoció que si Política Territorial no acepta la petición buscarán "otras salidas" o, dijo, la consellería "tendrá que presentar un contencioso". Y aprovechó para defender la legalidad de las actuaciones urbanísticas de Foz, donde, indicó, "tan sólo hay defecto administrativo". Lo demás, añadió, es "honradez a tope".

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, volvió a referirse ayer a la situación urbanística de Galicia en una entrevista difundida por Efe. En ella Caride defiende que el urbanismo no es sinónimo de corruptela y que, ejercido con responsabilidad, es fundamental para vertebrar un territorio. No obstante, y aunque le gusta pensar que Gondomar "es una excepción", asegura que si algún alcalde realiza operaciones irregulares espera "que esté temblando". Quien no actúe de acuerdo con la legalidad "debería echarse a temblar. Que sea perseguido por la justicia, que es lo que los ciudadanos deseamos", afirma.