Madrid prohibirá por decreto el uso del móvil en las aulas

Ni teléfonos móviles, ni consolas, ni MP3. Los alumnos de los centros educativos madrileños no podrán utilizar ningún aparato electrónico durante las clases, por imposición del Gobierno regional madrileño. La Comunidad de Madrid anunció ayer que aprobará en breve y por decreto un marco legislativo que regule la convivencia en las aulas e imponga un "sistema de corrección de conductas".

Pese a que el Gobierno regional no hizo público el borrador, sí avanzó algunos puntos de la futura normativa. Entre ellos, que cada centro deberá elaborar un reglamento interno de buena conducta, donde incluirá las normas de comportamiento que los alumnos deberán respetar obligatoriamente. Si algún estudiante las incumple, podrá ser sancionado con una falta leve.

El objetivo de la legislación, según Ignacio González, portavoz del Gobierno regional, será dar un "apoyo pleno" a la autoridad docente. Para ello, incluye sanciones que van desde las faltas leves que, en caso de ser reiteradas, podrán castigarse con trabajos después de clase o la expulsión hasta un máximo de seis días. Los mismos castigos se darán si se producen actos graves de indisciplina, faltas de asistencia continuas sin justificar o si el alumno daña las instalaciones del centro. Para las faltas más graves la norma prevé la tramitación de un expediente, en el que se probará que se han cometido actos graves y, en su caso, implicarán medidas sancionadoras como la suspensión de varios días de clase, el cambio de centro y hasta la expulsión. Estos últimos castigos sólo se producirán si el alumno agrede física o verbalmente a profesores, estudiantes u otros trabajadores del colegio.

La normativa es fruto de una proposición no de ley aprobada en la Asamblea regional el pasado 22 de abril. La oposición, PSOE e IU, se quejó por no conocer el borrador antes de su tramitación por vía de decreto, ya que no va a ser discutida en la Cámara regional. "Parece como si no quisieran el consenso", se lamentó el diputado socialista Adolfo Navarro. También puntualizó que el texto debería cumplir la Ley Orgánica de Educación aprobada en mayo de 2006. "Las medidas puramente punitivas deben ser la última fase en el proceso de mejora de la convivencia. Previamente deberían contemplarse mecanismos de prevención, que en el borrador que conozco no están incluidas", objetó.

El diputado de IU Jorge García consideró que la normativa debería estar incluida en un marco más amplio de un plan contra el acoso escolar. También criticó que el Gobierno regional anuncie medidas concretas, pese a que el Consejo Escolar, por el que tiene que pasar el texto, puede modificar el borrador.

En otras comunidades no se han planteado prohibir desde el Gobierno autonómico el uso del móvil en las aulas, algo que ya está prohibido implícitamente en la normativa actual, y explícitamente en los reglamentos de régimen interior de los centros, según una portavoz de la Consejería de Educación de Castilla y León. En Galicia, no se han recibido quejas por parte de los centros que hagan suponer que el uso del móvil en clase suponga un problema que hay que legislar desde la Xunta. Un portavoz de Educación del País Vasco explicó que su normativa autonómica deja margen para que cada centro establezca su reglamento: "En muchos sí se especifica la prohibición del móvil y en otros, se sobreentiende", informa Juan Antonio Aunión.

Las directrices internacionales recuerdan la conveniencia de que las leyes no interfieran demasiado en la gestión a los centros educativos, que deben autorregularse con autonomía. Finlandia, el país de referencia por sus buenos resultados educativos, concede una soberanía casi total a los centros, que apenas tienen unas pocas leyes a partir de las cuales diseñar sus propios programas escolares.