Participación andaluza

Algo más de seis millones de andaluces están convocados el próximo domingo a refrendar el nuevo Estatuto de Autonomía, hasta ahora el que mayor apoyo político, del 97%, ha obtenido a su paso por las Cortes. La reforma, propuesta por el socialista Manuel Chaves ya en 2001, llega al final de su camino con un respaldo mayor que cuando inició su andadura. PSOE, PP e IU, que agrupan al 95% de los escaños del Parlamento andaluz, piden el sí de los electores, opción que también defienden sindicatos, patronal y otros colectivos sociales. Este apoyo sitúa al Partido Andalucista, el único que defiende el no, en una irrelevancia política y social que le puede costar muy cara cuando se celebren, dentro de un año, las elecciones autonómicas.

El nuevo texto consta de 250 artículos (de los que 120 fueron enmendados en las Cortes), frente a los 75 del aún vigente. Su tramitación se ha desarrollado bajo la sombra del debate del Estatuto de Cataluña. Catorce artículos de éste, recurridos por el PP ante el Tribunal Constitucional, figuran con la misma o similar redacción en el texto estatutario andaluz que ese partido apoya. Ese respaldo llevó a que se introdujera en más de 60 artículos una cláusula de salvaguarda de la Constitución. Si el PP ha acabado por aceptar esa fórmula es sobre todo porque no podía llegar al referéndum con la marca de partido opuesto a una mayor autonomía para la región, lo que le habría dejado tan fuera de juego como se quedó la UCD con relación al Estatuto de 1981.

El nuevo texto desarrolla un catálogo de derechos más allá de los que recoge la Constitución, clarifica y amplía sus competencias con la misma tipología que el de Cataluña, regula el poder judicial en la comunidad, establece el marco de relaciones con el Estado, la UE y con el exterior y, siguiendo el precedente catalán, fija unos criterios para las inversiones del Estado en la comunidad en función de la población, en vez de la aportación al PIB.

El principal temor de los partidos es que el domingo una parte importante del electorado no acuda a votar. La barrera psicológica de lo que se considera participación aceptable es el 50% del censo (en Cataluña fue del 48,8%). Populares y andalucistas ya han advertido de que si queda por debajo de esa marca responsabilizarán a Chaves del fracaso, y de ahí que sea el PSOE el que mayor esfuerzo de movilización esté realizando. Pero ahora no se trata, como en el referéndum de hace 27 años, de una opción existencial (por no ser menos que nadie), sino de refrendar una norma política y administrativa que garantice la continuidad de lo ya existente.