Censos manipulados

Los ayuntamientos se están revelando como el escalón más vulnerable del sistema democrático. Tras los escándalos de corrupción urbanística, ahora se empieza a advertir la dimensión adquirida por la práctica de alterar el censo en municipios de pocos habitantes, en los que un número reducido de votos puede cambiar el signo de las elecciones. Se trata de uno de los más graves ataques al fundamento mismo de la democracia, porque desvirtúa la fuente de legitimidad sobre la que reposa la totalidad del orden constitucional: el voto libre e igual de los ciudadanos. Conseguir la mayoría en un Ayuntamiento mediante estas prácticas propias del caciquismo decimonónico, y en las que están envueltos sin distinción los principales partidos, tiene consecuencias que trascienden el simple ámbito municipal, puesto que influye directamente en la composición de las diputaciones provinciales.

El Instituto Nacional de Estadística cuenta con un eficaz sistema de alerta, capaz de poner sobre aviso cuando se producen variaciones significativas, e inexplicables, en el censo de algún municipio. Gracias a este sistema se ha detectado la mayoría de los cerca de 200 presuntos casos de fraude relacionados con la celebración de elecciones municipales y autonómicas el próximo mes de mayo. El resto ha sido descubierto por denuncias de ciudadanos.

El Estado dispone de medios suficientes para acabar con la práctica de manipular los censos, como lo demuestra el sistema de alerta establecido por el INE. Lo que falla, tal vez, es la desproporción entre la levedad de las sanciones previstas -desde 30 a 600 euros para los infractores- y la extraordinaria gravedad de su acción.