Porsche ve despejarse el camino por el control de Volkswagen

El ponente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, ha estimado que la normativa que protege a Volkswagen contra OPA hostiles es contraria al derecho comunitario, porque supone un obstáculo al libre movimiento de capitales y a la libertad de establecimiento. Porsche, primer socio con un 27%, ve allanarse el camino para controlar Volkswagen, puesto que a la vez el Estado de Baja Sajonia, segundo accionista, ha cedido en su batalla interna.

Las propuestas del ponente no son vinculantes, pero sus resoluciones suelen ser estimadas en un altísimo porcentaje por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo.

El conflicto se suscitó en otoño de 2004, cuando el Ejecutivo comunitario decidió llevar ante el Tribunal a Alemania, que rechazó modificar su legislación sobre el gigante automovilístico alemán aprobada en 1960. Posteriormente, en marzo de 2005, la Comisión consideró que la llamada ley Volkswagen es una especie de acción de oro (que confiere unos derechos privilegiados a los Gobiernos). En este caso, la medida establece que ningún accionista dispondrá de más del 20% de los derechos de voto, aunque su participación en el capital sea muy superior.

Según Ruiz-Jarabo, "la reglamentación alemana refuerza la posición del Gobierno federal y del Land de Baja Sajonia, impidiendo cualquier interferencia en la gestión de la empresa", de los principales accionistas.

Según el Ejecutivo comunitario, además de la limitación del derecho de voto al 20% como máximo, con independencia del número de acciones, también se exige más del 80% representado en la junta de accionistas para tomar decisiones relevantes. El conjunto de ambas normas se traduce un poder dominante por parte de las administraciones públicas en la compañía automovilística.

El ponente admite que la legislación comunitaria admite y reconoce ciertas medidas de orientación política general sobre las empresas. En concreto, sostiene que a través de distintas normativas "se puede contribuir a la configuración de la actividad productiva del país", pero, sin embargo, asegura que el "caso presente no se dan las condiciones", pues, en su opinión, "las disposiciones de la ley alemana ayudan a conservar la titularidad de la empresa a quien ya la tiene contra ofertas públicas de compra hostil". Durante años este instrumento legal ha permitido al Estado alemán y al Land de Baja Sajonia, durante muchos años único gran accionista de la firma automovilística, el control del capital del constructor según, la Comisión.

Ayer mismo, el Estado federado de Baja Sajonia, segundo mayor accionista de Volkswagen, retiró su oposición a que el jefe del consejo de vigilancia del grupo, Ferdinand Piëch, sea reelegido en este cargo en la junta general de accionistas del próximo 19 de abril. Además, el fabricante de vehículos deportivos Porsche, accionista principal de Volkswagen con una participación del 27,4%, tendrá un representante más en el órgano de vigilancia, que podría ser Piëch.

La ilegalidad de la protección y la retirada de la oposición de Baja Sajonia allanan el camino al control de Volkswagen por Porsche.