El Estatuto tiene otros acentos

Un cuarto de siglo es un pestañeo para la biología de las especies pero puede bastar para que se dé una convulsión sociológica. Entre los andaluces tipo de hoy y los de 1981 tal vez haya unos centímetros de diferencia y, desde luego, ningún órgano nuevo. Sin embargo, la sociedad ha dado un vuelco. Los andaluces han dejado de salir en estampida a buscarse la vida, mientras que en los últimos años miles de africanos y latinoamericanos se han ido estableciendo en ciudades andaluzas. El nuevo Estatuto está impregnado de ese cambio sociológico, que evidencia el hecho de que casi el 9% de los residentes en Andalucía son ya extranjeros no comunitarios, o sea inmigrantes que han dejado sus países para buscarse la vida.

"Con los anteriores ponentes España era todavía un país de emigración y Andalucía era, junto a Extremadura y Galicia, de las más castigadas", compara el marroquí Mohammed Dahiri, profesor de Lengua y Civilizaciones Árabes en la Universidad de Córdoba. "El nuevo Estatuto responde a la nueva realidad, los emigrantes han pasado a ser andaluces fuera de Andalucía y los inmigrantes son los extranjeros en Andalucía", agrega.

Dahiri, que se ha recorrido Andalucía durante los ocho años que permaneció como coordinador autonómico de inmigración de la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, da fe del cambio socioeconómico de la comunidad: "Y en ese milagro, los inmigrantes han tenido mucho que ver".

¿Dónde están los inmigrantes en el Estatuto? En muchas partes. Hay menciones específicas y generalizaciones que obviamente les incluyen, como el "pleno respeto a las minorías" (artículo 9.2) o la prohibición de discriminaciones (artículo 14). Se les reconocen derechos sociales que en la práctica ya tenían (atención sanitaria o educación), se consagran otros (su derecho a la integración laboral, económica, social y cultural en el artículo 37.9) y se establece que se promoverá su participación "dentro del marco constitucional" (artículo 5.3). "Está muy bien que no se haga un gueto en el Estatuto con un apartado para inmigrantes, si no que se integre en toda la norma", destaca Dahiri, que en la actualidad coordina el área social del Ayuntamiento de Córdoba.

Tras una lectura íntegra, su conclusión es netamente elogiosa. "Por defecto profesional, tengo esta obsesión con la terminología y creo que está muy bien utilizada, se opta por una interculturalidad y no por la experiencia asimilista de Francia que ha dado unos hijos de inmigrantes que odian a Francia ni por la multicultural de Gran Bretaña que también ha fracasado", expone.

Andalucía Acoge ve ambivalencias en el texto. "Ser andaluz o no es un reconocimiento social más que jurídico, legalmente no tiene connotación, por tanto se podría haber hecho una redacción más amplia y reconocer como andaluces a las personas extranjeras que llevan viviendo aquí muchos años", reflexiona José Miguel Morales, el secretario general de la federación. "Nos parece una oportunidad perdida de cara a la integración, que no es sólo los derechos sociales si no el reconocimiento a las personas como miembros de la comunidad en la que viven", añade.

En el lado positivo, Morales cita el reconocimiento de derechos "mínimos" para los inmigrantes "al margen de su situación documental", aunque "en la práctica ya era una realidad".

Más descentralización

La gestión política es el aspecto que menos satisface a la asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (Codenaf). Su presidente, Said Bentrika, considera que la redacción es "tímida" y esboza un discurso autonomista: "El peso de la inmigración en España cae en Madrid y el arco mediterráneo, por lo tanto los problemas y retos de estas comunidades serán mayores en el futuro y deberían gozar de más gobernabilidad y competencias". "Tendría que haber más descentralización en esta materia", propone.

Por eso Bentrika elogia que se hayan incorporado nuevas competencias en esta reforma (autorizaciones de permisos de trabajo y fijación de los contingentes de mano de obra extranjera), aunque sea bajo el paraguas estatal. "Puede ayudar a agilizar la contratación en origen y gestionar mejor los flujos migratorios", presume.

Sobre uno de los derechos políticos más reclamados por los colectivos de inmigrantes, el del sufragio, la norma andaluza se ciñe a lo que establezca la Constitución o la legislación comunitaria en el futuro. Es una de las pegas que observa Touría El Jebari, presidenta de la asociación de mujeres Amal Andaluza: "La integración se quedará a medias si no se reconoce el derecho de los residentes a participar en la vida política de la sociedad en la que conviven". El Jebari también pone el acento en el desarrollo futuro del texto para que incorpore "perspectivas de género".