El Supremo pide que se retire la inmunidad a una senadora del PSC por injurias

Una senadora del PSC y concejal del Ayuntamiento de Tarragona, María José Elices, se enfrenta a la posible pérdida de la inmunidad parlamentaria por acusar en público al alcalde de esta ciudad de corrupción urbanística. El aludido, Joan Miquel Nadal (CiU), presentó una denuncia contra ella por injurias. Para seguir adelante el proceso, es necesario el visto bueno del Tribunal Supremo por la condición de aforada de la parlamentaria catalana. El pasado 8 de enero, el Supremo, a pesar de un informe en contra del fiscal, tramitó el suplicatorio al Senado para que le retire la inmunidad y poder juzgarla en el alto tribunal por el delito de injurias (artículo 208 del Código Penal).

La defensa de Elices no tiene constancia de precedentes en los que haya llegado tan lejos una denuncia por unas declaraciones de un cargo público, en el ejercicio de su cargo, contra otro cargo público. La Comisión de Suplicatorios del Senado verá el caso mañana, martes, y su informe será votado en el Pleno del Senado.

Los hechos se remontan a marzo de 2005 y se refieren a un caso de corrupción urbanística muy conocido en Cataluña, el caso Terres Cavades. María José Elices, senadora por Tarragona y miembro del grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrès (formado por PSC, ERC e ICV), acusó entonces en público al alcalde de defender que se construyera una variante de la carretera N-340 que la hacía pasar por la urbanización Terres Cavades, a las afueras de la ciudad, porque tenía intereses económicos privados en esa urbanización.

Las manifestaciones de Elices fueron recogidas por los medios de comunicación y dieron lugar a la querella por injurias. Preguntada la semana pasada en el Senado, Elices afirmó que no se retracta de sus palabras contra el alcalde de Tarragona. El caso Terres Cavades tuvo uno de sus momentos de más trascendencia cuando el concejal de Urbanismo de Tarragona se vio obligado por el alcalde a dimitir.

Informe en contra del fiscal

La decisión de tramitar el suplicatorio contradice sorprendentemente la opinión del fiscal del Tribunal Supremo. En su informe a la sala que ha decidido pedir el suplicatorio, rechaza que las palabras de Elices sean constitutivas de delito. El fiscal detalla que los hechos "surgen como consecuencia de un debate y una decisión pública", que "se trata de un asunto de interés público".

El fiscal cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional para concluir que "por la pauta que representa el modo normal en que tales polémicas discurren", como "por el interés público subyacente", las palabras de Elices "carecen de relevancia penal". En definitiva, que esta polémica no es nada que no veamos todos los días en política, sin que se juzgue a los diputados y senadores por sus palabras. El Supremo, sin embargo, ha decidido que la querella siga adelante.