187 pueblos han sido 'cazados' cuando inflaban sus censos a pocos meses de las elecciones

Censos inflados con residentes foráneos o vecinos a los que no se les permite empadronarse. Ocurre en decenas de pequeños ayuntamientos. La proximidad de las elecciones municipales se presta habitualmente a graves irregularidades en los listados de ciudadanos con derecho a voto que acaban por condicionar la vida política de pueblos y aldeas de diferentes puntos de España. La pasividad de algunas corporaciones ante estas anomalías ha hecho intervenir ya a la Junta Electoral Central, que tiene en sus manos acudir a la fiscalía. En seis meses, la Oficina del Censo Electoral ha cazado a 187 municipios con empadronamientos adulterados. Las sospechas abarcan a pueblos andaluces, gallegos, aragoneses, canarios, valencianos...

Falsificar el lugar de residencia puede ser considerado infracción electoral y acarrear multas hasta de 600 euros

Después de votar, algunos ciudadanos se dan de baja y vuelven al municipio donde realmente residen

Los partidos saben que con unos pocos votos se puede cambiar el signo político de pequeñas corporaciones

La proximidad de las elecciones municipales ha desatado las alarmas en el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha puesto en marcha un plan especial de inspecciones para comprobar la veracidad de los censos, dadas las anomalías detectadas en campañas anteriores. La Oficina del Censo Electoral ha actuado ya, en los últimos seis meses, sobre 187 municipios con indicios de que estaban anotando empadronamientos irregulares. Suele ocurrir en fechas próximas a las campañas electorales y se da sobre todo en pueblos pequeños, donde un número no muy grande de votos nuevos puede alterar el resultado previsible en los comicios locales. La Oficina del Censo ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral Central 25 de estos casos porque ni siquiera han contestado en el plazo debido a los requerimientos que se les solicitaban.

Hay muchos ejemplos de empadronamientos bajo sospecha. Uno de ellos es El Torno (Cáceres), un pequeño pueblo de montaña con 787 habitantes según el censo cerrado a 1 de enero de este año. En el Ayuntamiento confirman lo que todo el mundo comenta en círculos políticos, que en las últimas semanas se ha estado empadronando más gente de la que cabría esperar para un municipio tan chico. Unas 60 personas, desde octubre hasta enero, según admite el secretario.

Gente foránea

Los dos partidos políticos en liza en esta localidad se acusan mutuamente, pero nadie denuncia nada. El PSOE ganó en las pasadas elecciones por sólo tres votos. El teniente de alcalde, el socialista José Luis Martín, prefiere no opinar. Y la presidenta del PP local, Pilar Serrano, niega rotundamente las acusaciones. "No sé de nadie al que haya empadronado el PP, ni tampoco del PSOE; no puedo decirle nada más". Pero todos dan por hecho que el nuevo censo incluirá gente foránea.

La práctica se extiende a partidos locales y minoritarios. Abultar el censo mediante empadronamientos irregulares es práctica común en pueblos pequeños. Los partidos saben que, a veces, con unos pocos censados -no hacen falta muchos- se puede cambiar el signo político de las corporaciones, y, como las fichas del dominó, eso podría acabar influyendo también en el peso de cada formación en las Diputaciones.

El de Torno no es el único ejemplo. La prensa local informa frecuentemente de este tipo de prácticas: Pontecesures (Pontevedra), Piracés (Huesca), Berrueco (Zaragoza)... En Almería se dan situaciones como la de Enix, donde los 267 electores que marcaba el censo a principios del año pasado aumentaron a 347 en noviembre. Situaciones similares se registran en esta misma provincia en Las Tres Villas, Fondón, Paterna del Río...

El caso de Pego (Alicante) es famoso porque en el censo de 1996 aparecieron 1.000 vecinos inexistentes: 400 de ellos estaban muertos, y el resto no eran del pueblo. Y en Gran Canaria es reciente el escándalo de Mogán, donde se empadronaba a los turistas.

Otras alcaldías tienen fama de no permitir ni un solo empadronamiento, como la de Salvatierra de Santiago (Cáceres). En la aldea de Fago, tras el reciente asesinato de su alcalde, acaban de salir a la luz rencillas vecinales porque no se habían efectuado algunos empadronamientos solicitados. Son pueblos muy pequeños y la alteración del censo puede condicionar decisiones importantes.

Tanto la actitud de quienes demoran injustificadamente los empadronamientos de los vecinos como la de quienes permiten que el padrón sea un coladero son irregularidades que perjudican el buen funcionamiento de un proceso electoral. Las delegaciones provinciales del censo saben que en tiempos electorales los empadronamientos sufren especiales alteraciones, sobre todo en estos núcleos de población. De los 187 municipios descubiertos en los últimos seis meses por la Oficina del Censo Electoral, el sistema de alerta automática detectó 145 casos extraños. Los 42 restantes salieron a la luz gracias a denuncias de particulares.

Ciudadanos sospechosos

Cuando esto ocurre, la Oficina reclama a los ayuntamientos los documentos que acreditan que los ciudadanos sospechosos viven la mayor parte del año en los pueblos en los que se han empadronado. Basta para ello con que haya escrituras de propiedad de una casa o las facturas del agua o la luz, por ejemplo, medidas muy laxas por donde se cuela el fraude. A veces, se practican inspecciones sobre el terreno. Y si los ayuntamientos no responden a los requerimientos, la intervención pasa a manos de la Junta Electoral Central. Si aún así se resisten, se puede llegar a la fiscalía; hay más de un caso de estos. Si se llega a tiempo, se pueden solicitar que se dé de baja a los ciudadanos que se han empadronado irregularmente.

Pero los movimientos del censo que se anotaron antes del 31 de enero y que se comuniquen a la oficina central antes del 1 de marzo ya no pueden echarse atrás. Después de votar, algunos se encargarán personalmente de darse de baja y volver al municipio donde realmente residen. La falsedad en el empadronamiento puede ser considerada infracción electoral y sancionada con multas de 30 a 600 euros. Y si el ayuntamiento comprueba que las personas no residen en su municipio deben iniciar de inmediato un expediente de baja.

Que un ayuntamiento eleve de unas elecciones para otras el número de concejales que le corresponden por población no es suficiente para saltar las alertas, porque eso puede deberse a un incremento cierto del número de habitantes. Pero también puede deberse a fraudes con el empadronamiento.

A algunos pueblos les interesa contar menos habitantes de los que tienen porque saltarían a otro tramo administrativo con requerimientos especiales a los que no quieren hacer frente. Pero es más común que quieran aumentar el padrón y así disponer, por ejemplo, de juzgados propios.