Objetivo: arrebatar la agenda al Gobierno

Ha aparecido una nueva modalidad de hacer política: poner la venda antes de que haya herida. La utilizan la oposición parlamentaria, la mediática y la judicial, como método para desgastar al Ejecutivo socialista. El francés Alain Minc demuestra en su libro La borrachera democrática los efectos nefastos para cualquier democracia del momento en que algunos medios de comunicación y diversos jueces entran en resonancia para arrebatar la agenda a un Gobierno.

Todavía no ha dimitido el magistrado Pérez Tremps -ni idea de si lo hará- cuando ya se advierte del "fraude de ley" (¿por qué?) que supondría que fuese sustituido por otro magistrado. A continuación se pone bajo el fuego graneado a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, por si habiendo dimisión del magistrado recusado tiene la audacia de admitirla, aunque sea fruto de una libérrima decisión de este último. Más allá: el nombramiento de Mariano Fernández Bermejo como nuevo ministro de Justicia. No había aparecido su nombre en el Boletín Oficial del Estado y no quedaban calificativos en el mercado para definirlo, intentando romperle los nervios. Ni un día de reposo o de oportunidad.

La oposición no se ejerce en materia económica porque el PP prefiere discutir el modelo territorial y la lucha antiterrorista

Otro caso: el trabajo aparecido en el semanario The Economist sobre la economía española. En él se destaca el momento dulce de la coyuntura en España, y sólo en segundo lugar se advierte de los nubarrones que teñirían el cielo de no poder cambiar de modelo de crecimiento: del ladrillo a la sociedad del conocimiento. Aunque lo sustantivo era la admiración por lo conseguido, el énfasis se pone en la posibilidad de un brusco final de ciclo... que afecta a cualquier economía del mundo. Los británicos, dice el semanario, llaman por teléfono, viajan en metro, vuelan desde aeropuertos, tiran de la cadena del inodoro o realizan operaciones financieras por la actividad de alguna empresa española. Asimismo, se destacan las compras del Abbey Bank por el Santander, de la operadora de telefonía móvil 02 por Telefónica, de la empresa de aeropuertos BAA y varias líneas de metro por Ferrovial o de la eléctrica Scottish Power por Iberdrola, sin olvidar que la sociedad de infraestructuras Abertis gestiona tres aeropuertos del Reino Unido. ¿El mundo al revés? ¿Alguien hubiera predecido esta realidad sólo dos años antes, cuando la llegada de los socialistas a La Moncloa fue saludada como "la vuelta de la inflación, el déficit, la deuda y la corrupción"? Con un siglo de retraso, España parece confirmar la vieja teoría de los suecos Herkscher-Ohlin, que decía que cada país exportará los productos que hacen un uso intensivo de los recursos más abundantes del mismo. Con la peculiaridad de que cuando se escribió la teoría, España, rica en fuerza de trabajo, exportaba emigrantes e importaba capitales, y ahora exporta capitales e importa mano de obra de otras zonas del mundo.

Pero de esto poco se habla, como ha pasado casi desapercibido el acuerdo de la semana pasada entre los grupos parlamentarios socialista y popular para tramitar dos normas económicas de máxima importancia como son la ley de OPA (oferta pública de adquisición de acciones) y la de Defensa de la Competencia. La oposición no se ejerce en materia económica, por la imposibilidad de criticar la coyuntura y porque el PP ha seleccionado otros asuntos para el enfrentamiento: el modelo territorial y la lucha contra el terrorismo, en los que no cabe colaboración alguna. En estos terrenos -que siempre formaron parte de la política de Estado- la oposición ha sido extrema ("la balcanización de España", "el presidente es amigo de los terroristas") porque de no haber sido así no habría tenido éxito a la hora de marcar la agenda política. El PP elige estos asuntos y a continuación elabora un relato artificioso: se está reaccionando mediante una oposición rotunda a una agenda supuestamente radical de un Gobierno de "izquierda extrema".

La realidad es que el clima de crispación perjudica sobre todo al Gobierno. Dificulta la visibilidad de su gestión, sitúa en una nebulosa los casos de corrupción municipal denunciados, y la agenda civil, social y económica no ha calado entre los ciudadanos, como muestra el último barómetro del CIS. Además, ¿cuál es el coste para las instituciones?