El empresario del 'caso Mogán' exigía al Gobierno canario mejoras para su proyecto

Santiago Santana, promotor imputado en el caso Mogán, reclamó en reiteradas conversaciones con miembros del Gobierno canario el desbloqueo de 3.600 plazas hosteleras de su proyecto. Fuentes conocedoras de la pieza secreta en poder del Tribunal Superior de Justicia de Canarias señalan que sus interlocutores, el presidente, Adán Martín (CC), el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berrie (CC), y el jefe de gabinete de Presidencia, Salvador Iglesias, escucharon sus exigencias. La investigación tiene que determinar si hubo un delito de tráfico de influencias.

El juez que investiga la trama de corrupción del municipio grancanario de Mogán ha remitido como pieza secreta al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el contenido de tales conversaciones pinchadas. En caso de que se haya registrado un delito de tráfico de influencias, le correspondería a este tribunal investigarlo, en la medida en que algunos de los interlocutores son aforados.

¿Qué pretendía Santana obtener del Ejecutivo canario? No es ningún secreto. Batallaba para que proclamase de interés general su proyecto hostelero y lo enviase con tal bendición al Parlamento canario, donde tiene mayoría su partido (CC). Esto le eximiría de la moratoria hostelera que le bloqueaba las 3.600 plazas.

Era el último obstáculo para multiplicar su capacidad hostelera y su beneficio. Ya contaba con la luz verde del Cabildo de Gran Canaria, que preside José Manuel Soria (PP), quien tuvo que dar explicaciones de su viaje privado a Noruega con el socio fundador del grupo.

Manuel Fernández González, administrador de dicho grupo y diputado y dirigente nacional del PP, desmenuza las conversaciones de su jefe empresarial con el Gobierno canario. "De secretas, nada. No tenían nada secreto que hablar. Era una discusión para buscar unos criterios y su interpretación. Él tenía un criterio sobre las plazas hosteleras, y ellos otro. Yo conocía esos contactos con el presidente y el consejero", explica Fernández González.

"Queremos recuperar las plazas hosteleras que nos han quitado por la moratoria. Y hay una vía de excepcionalidad: los proyectos de interés general. Y eso es lo que reclamaba Santana: las camas que nos faltan. Son 3.600 camas que queremos desbloquear de la autorización previa del Gobierno para construirlas. Ya tenemos hechas otras tantas. Pero el Gobierno no estaba de acuerdo en liberar el tema ahora, sino según se fuesen necesitando las plazas. Ese era el debate."

El consejero de Medio Ambiente ratificó tales contactos a Canarias Ahora. Pero negó haber recibido presiones. Sin embargo, tras una serie de contactos telefónicos de Santana con él y otros cargos del Gobierno -incluido su presidente-, el pasado lunes Berriel hizo un hueco en su agenda para recibirlo. Santana nunca llegó. La policía lo detuvo cuando iba a volar al encuentro. Berriel tuvo un detalle más: "Yo mismo pedí a la secretaria general técnica que no elevara el informe [de declaración de interés general del proyecto de Anfi Tauro] al Consejo [de Gobierno] porque estoy a la espera de otro informe complementario de tipo jurídico para llevar el asunto en la próxima reunión del Consejo o en la siguiente". Berriel ofrecía jugosos datos de la frustrada entrevista que precedieron sus intervenidas charlas: "Había consejo de Gobierno y tenía tiempo, por eso Santana viajaba a Tenerife para tratar el tema, esas discrepancias que existen sobre el número de camas" y ante las cuales se "piden explicaciones y justificaciones". El consejero justificó su cita: "Los empresarios tienen derecho a defender sus intereses, que la gente defienda sus tesis, pero sin ningún tipo de presiones, porque yo no las permitiría".

Según estas versiones, el empresario telefoneaba para, en el mejor de los casos, pedir al Gobierno canario que desbloqueara sus 3.600 plazas. No llamaba para informarse sobre la tramitación de su proyecto por el Gobierno canario. Estaba informado y no le gustaba el rumbo que seguía. Así lo apuntan no sólo las declaraciones de ambos, sino el contenido de las grabaciones sumariales, según fuentes jurídicas informadas de la pieza secreta en poder del Tribunal Superior, que ayer negó haber filtrado su contenido.

Si el juez envió tal material sonoro fue porque afloraban dos graves circunstancias en las grabaciones: Santana, según las citadas fuentes, presionaba, casi abroncaba, a sus interlocutores gubernamentales, y éstos se mostraban proclives a atender y resolver sus exigencias. Sus conversaciones fueron escalando posiciones dentro del seno del Gobierno canario hasta obtener frases de compromiso al más alto nivel. Y tras su charla con el presidente canario, su consejero hizo un hueco en la agenda para atenderlo.