Contactos "para conocer el estado del expediente"

El Ejecutivo canario admite sus contactos telefónicos con el empresario Santiago Santana, que inscribe en el derecho del ciudadano a "defender las tesis propuestas en sus solicitudes y a estar informado sobre la tramitación de las mismas". Pero niega todo trato de favor a dicho promotor, imputado por tráfico de influencias y delito contra el territorio por su proyecto hostelero en Mogán. En una nota hecha pública el viernes a última hora de la tarde, el Gobierno de Canarias afirmaba no haber "negado información sobre el contenido del expediente Anfi-Tauro" al empresario, tal y "como determinan las leyes". El Gobierno consideraba en la nota haberse "ajustado absolutamente a la legalidad en la tramitación del expediente".

"La aparición de los nombres de Adán Martín, de su director de gabinete, Salvador Iglesias, y de Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en el transcurso de las averiguaciones pueden constituir meros indicios circunstanciales que, con seguridad, una vez investigados demostrarán la absoluta legalidad de las actuaciones del Gobierno de Canarias", proseguía la nota. El Grupo Santana sitúa las conversaciones de su vicepresidente "en el contexto propio de las gestiones ordinarias realizadas por cualquier gestor diligente".