La ley obligará a lanzar una OPA si se controla el consejo de administración

La futura ley sobre ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) obligará a dirigir una propuesta al 100% del capital de la empresa objeto de la misma si el comprador puede nombrar a la mitad más uno de los miembros del consejo de administración. Éste es uno de los puntos del acuerdo entre el PSOE y PP para impulsar la reforma de la normativa de OPA que, previsiblemente, entrará en vigor en abril o mayo. Igualmente, los dos principales partidos han pactado desbloquear el proyecto de ley que modificará los órganos de defensa de la competencia.

La futura Comisión Nacional de la Competencia tendrá seis consejeros

No todo son desencuentros entre el PP y el PSOE. Al menos, en materia económica. Los dos partidos han llegado a un acuerdo que desbloquea las dos principales reformas planteadas por el Gobierno en este ámbito: la transposición de la directiva comunitaria sobre ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) y la reorganización de los órganos de defensa de la competencia.

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, y el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, resolvieron, en una reunión que mantuvieron el pasado lunes, los escollos que bloqueaban ambas reformas.

El PP ha arrancado dos modificaciones al proyecto de ley de OPA, según explicó ayer Martínez Pujalte. La primera se refiere a la definición de "control societario" y, por tanto, a las condiciones que fuerzan a una empresa a lanzar una OPA obligatoria por el 100% del capital de otra. De acuerdo con el texto presentado en un principio por el Gobierno, dicho control se da cuando se alcanza, directa o indirectamente, el 30% de los derechos de voto de una compañía.

Doble condición

El PP ha pedido, sin embargo, que se introduzca una "doble condicionalidad": que, aunque no se disponga del 30% del voto, se controle el consejo de administración. "Es decir, que se pueda nombrar a la mitad más uno de los miembros", aclara Martínez Pujalte. La segunda reclamación del PP admitida es que se elimine la "discrecionalidad" del Gobierno para, por delegación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), modificar el "precio equitativo" del ofertante por las acciones de la compañía que se adquiere. Según el Ministerio de Hacienda, la intervención del Ejecutivo en este sentido está concretada en la directiva europea de OPA y el pacto con la oposición se limita a incluir en el texto de la ley, y no sólo en su desarrollo reglamentario, los supuestos en los que está autorizado a hacerlo.

En cuanto a la ley de defensa de competencia, PP y PSOE han llegado a un acuerdo en el número de consejeros que integrarán la futura Comisión Nacional de la Competencia, órgano que absorberá a los actuales Tribunal de Defensa de la Competencia y Servicio de Defensa de la Competencia (dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda). Así, la Comisión contará con seis miembros, en lugar de los cuatro que proponía el Gobierno, un punto intermedio respecto a los ocho que pedía inicialmente el PP.

El Ejecutivo ha aceptado también que el nombramiento del director de Investigación, responsable de la instrucción de cada expediente, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, sea ratificado por el futuro órgano de competencia.

Además, declaró Martínez Pujalte, el PP ha arrancado el compromiso de que las decisiones finales en materia de concentración sean exclusivas de la futura Comisión y no se transfiera esta competencia a las Comunidades Autónomas. En este punto, sin embargo, el departamento que dirige Vegara puntualiza que las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia están reguladas por la Ley 1/2002, que no sufre modificaciones con el actual proyecto de ley.

El partido de la oposición ha pedido asimismo que el Gobierno, a quien, en última instancia corresponde tomar la decisión última sobre casos de concentración, argumente las bases de sus resoluciones.

El PP ha decidido retirar las enmiendas a la totalidad que había planteado sobre los proyectos de ley de defensa de la competencia y de reforma de la Ley del Mercado de Valores, cuyo debate parlamentario se inicia hoy.