Un estudio que arranca en 1998

El estudio que ha apartado al magistrado Pablo Pérez Tremps de las deliberaciones sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán tiene su origen en el año 1998, cuando el ahora catedrático de derecho constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid publicó una obra con un contenido muy similar al que ahora le ha valido la recusación. Para entonces, el debate estatutario catalán no existía ni se preveía.

Seis años después de aquella publicación, en noviembre de 2003, cuando el último Gobierno de Jordi Pujol, le encargó el estudio en cuestión a Pérez Tremps tampoco se habían iniciado los trabajos de la ponencia parlamentaria que debía redactar el Estatuto. Y el 8 de marzo de 2004, cuando Pérez Tremps suscribió el contrato para realizar el estudio con el entonces consejero de relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, todavía faltaban 13 meses para que fuese designado magistrado del Constitucional.

Roberto García-Calvo, ex jefe del Movimiento en Almería, votó a favor de la recusación

Pese a todo, seis jueces de ese mismo tribunal consideraron el lunes que esos antecedentes bastaban para cuestionar la imparcialidad de su compañero Pérez Tremps, y dar la razón al PP en la recusación. Seis magistrados nombrados en su día a propuesta del principal partido de la oposición. El amparo legal es el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que establece como motivo de abstención o recusación "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto de pleito o causa en otro relacionado con el mismo".

Uno de los magistrados que ha votado a favor de la recusación es Roberto García-Calvo y Montiel, gobernador civil de Almería en 1976 y jefe provincial del Movimiento en aquella época. Desde noviembre de 2001, García-Calvo es magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, al igual que Javier Delgado Barrio, ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. En aquella época fueron nombrados también Eugeni Gay y Elisa Pérez Vera, de planteamientos progresistas, y que votaron en contra de la recusación.

Estos cuatro magistrados comparecieron, como es habitual antes de ser nombrados magistrados del alto tribunal, el 25 de octubre de 2001 en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y un repaso al diario de sesiones constata las reticencias que el portavoz del PSOE, Diego López Garrido, mostró hacia el nombramiento de García-Calvo, recordándole su pasado franquista y sus planteamientos retrógrados en cuestiones como el aborto, el matrimonio homosexual o a favor de la cadena perpetua para determinados delitos. El magistrado rechazó todas esas acusaciones y explicó que no haría otra cosa que acatar y cumplir la ley que votasen las Cortes.

Ese pasado preconstitucional evitó que García-Calvo acabase interpretando la Carta Magna que, según López Garrido, había cuestionado en algún artículo académico. Tampoco fue obstáculo alguno para que ocupara el mismo cargo el ex senador de Coalición Popular por Valladolid, José Luis de los Mozos, quien abandonó su escaño en febrero de 1989 para ocupar una plaza en el alto tribunal hasta 1992 y se pronunciase sobre leyes que poco antes había votado como senador.

Sin embargo, Pérez Tremps ha sido apartado por un estudio académico cuyo origen se remonta a 1998. Aquel año, la editorial jurídica Marcial Pons y el Instituto de Estudios Autonómicos (IEA), editaron La participación europea y la acción exterior de las comunidades autónomas. El coordinador del trabajo fue Pérez Tremps y lo elaboró en colaboración con los profesores de Derecho Constitucional Miguel Ángel Cabellos y Eduard Roig.

Seis años después, el último Gobierno de Jordi Pujol le encargó el estudio titulado La acción exterior y la participación europea ante una posible reforma del Estatuto de Cataluña. Por ese trabajo cobró 6.000 euros, en cumplimiento del citado contrato suscrito con Saura.

En la nota que encabeza el estudio, publicado también por el IEA, el autor advierte de que ese texto "se basa en trabajos anteriores, la mayor parte de ellos publicados". Añade que "una parte del mismo no es sino la reelaboración de algunos pasajes de la obra que coordiné y elaboré" con Cabellos y Roig, a los que agradece su autorización para utilizar esas citas.

Un repaso, siquiera somero, al contenido del estudio de Pérez Tremps, evidencia que contiene generalidades sobre las relaciones internacionales y el encaje de las comunidades autónomas en la política exterior de España. Son reflexiones y citas numerosas de jurisprudencia sobre los límites constitucionales, y en ningún momento se pronuncia sobre el contenido de los primeros borradores del Estatuto de Cataluña, que para entonces ya empezaban a manejar los parlamentarios catalanes.

Y ese estudio es sólo uno de los 10 que encargó el Instituto de Estudios Autonómicos sin otra pretensión que el de ayudar al debate que entonces se planteaba en Cataluña.